Salario mínimo récord podría traducirse en desempleo e inflación alta
Resumen
El presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026. Críticos, como Juan Pablo Herrera, advierten que esto podría perjudicar el empleo formal, incrementar la inflación y afectar a los hogares con menos ingresos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en 23,7% para 2026 continúa generando reacciones en distintos sectores económicos y académicos del país. Aunque el Gobierno defiende la medida como una apuesta por mejorar el ingreso de los trabajadores, expertos advierten sobre riesgos estructurales para la economía nacional.
Uno de los pronunciamientos más críticos provino de Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía del Externado, quien calificó el aumento como “un motivo de total preocupación”, al considerar que se trata de una decisión sin soporte técnico suficiente.
Según Herrera, el incremento representa un costo laboral significativo para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en una destrucción de empleos formales o en una mayor informalidad laboral. “Un aumento de esta magnitud presiona directamente la estructura de costos empresariales y reduce la capacidad de contratación”, explicó.
El académico también alertó sobre un efecto dominó en el sistema económico, señalando que el alza salarial podría trasladarse a los precios de bienes y servicios, alimentando la inflación. Este escenario, advirtió, terminaría afectando con mayor fuerza a los hogares de menor poder adquisitivo, que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo básico.
“Es una medida populista que no tiene soporte técnico y que puede terminar perjudicando a quienes dice proteger”, concluyó el decano, al insistir en la necesidad de decisiones basadas en indicadores económicos reales, productividad y sostenibilidad fiscal.
El aumento del salario mínimo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, fue decretado por el Ejecutivo tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación. Mientras el Gobierno celebra el ajuste como un avance social, el debate sigue abierto sobre sus consecuencias reales en empleo, inflación y estabilidad económica.
