Repudiable ataque terrorista del ELN contra soldados colombianos

La barbarie volvió a irrumpir con drones y explosivos para dejar una estela de muerte que indigna a la Nación entera. Siete soldados asesinados y decenas de heridos no son una cifra fría, son hogares truncados, familias en duelo y un país golpeado por una violencia que pretende normalizar el terror como método de presión.

El ataque contra una base militar en zona rural del Cesar constituye una agresión directa a la institucionalidad y a la vida. No fue un acto de guerra convencional ni una confrontación fortuita.

Fue una acción planificada, cobarde y calculada para sembrar miedo, desmoralizar a la Fuerza Pública y desafiar al Estado. El uso de drones cargados con explosivos confirma una degradación criminal que no admite relativizaciones ni ambigüedades.

La sociedad no puede tolerar que se intente maquillar este horror con discursos que diluyen responsabilidades. Aquí hay víctimas claras y victimarios evidentes. El asesinato de soldados en servicio no admite excusas ideológicas ni narrativas de conveniencia.

Cada explosión fue un mensaje de desprecio por la vida y por cualquier camino de convivencia, fue un ataque cobarde, calculado, a mansalva, con total irrespeto por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, es por eso por lo que la respuesta militar tiene que ser  contundente.

Esperamos las voces de rechazo total por parte de la Nación y de  todos los países democráticos del mundo, en especial de los que fungieron como garantes de la mesa de  negociación con este grupo criminal, y de sus gobernantes, la misma debe ser de repudio unánime, sin matices.

La magnitud de este alevoso ataque y múltiple asesinato inmisericorde, obliga a cerrar filas con las familias de los caídos y de los heridos, porque la solidaridad no es un gesto simbólico, tiene que ser un compromiso activo con la verdad, la justicia y la protección de quienes cumplen la misión constitucional de defender a los colombianos.

La recompensa de 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables y prevenir nuevos atentados es un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, porque la denuncia oportuna salva vidas, pero, eso sí, en territorios sometidos a intimidación, la comunidad debe recibir garantías reales para colaborar sin miedo.

Este ataque a mansalva y cobarde forma parte de una ofensiva terrorista armada que busca paralizar regiones, imponer paros y demostrar poder mediante el terror. La Nación no puede aceptar esa lógica demencial.

La paz verdadera exige la renuncia inequívoca a la violencia, no su sofisticación tecnológica. Hoy corresponde una condena firme y una acción decidida del Estado. La seguridad y la paz no se negocian con explosivos. La vida no se desprecia, se potencia.

La dignidad de un país se defiende con justicia, autoridad legítima y unidad social. Ojalá que el dolor de hoy se transforme en reacción colectiva para que el terror no sea el que trace el rumbo de Colombia.