Procuraduría General de la Nación busca que Alcaldías paguen la deuda de Metrolínea
Resumen
La Procuraduría General convocó a las alcaldías del área metropolitana para gestionar la crisis de Metrolínea, que lleva meses paralizada. Se busca asegurar financiamiento y generar planes para reactivar este sistema de transporte masivo.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación convocó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, junto con los directivos de Metrolínea y del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).
El propósito consistió en abordar la crisis financiera del sistema de transporte masivo, que permanece paralizado desde hace meses, y garantizar su retorno a la operación.
La reunión tuvo lugar en el salón de eventos del AMB y tuvo el objetivo de cerrar el convenio de cofinanciación entre la Nación y las administraciones locales. El pasivo asciende a 14.000 millones de pesos y bloquea la reactivación del servicio.
El director del AMB, Jhon Manuel Delgado, definió la sesión como un ejercicio de vigilancia preventiva.
Delgado recalcó que la Procuraduría no aplicó sanciones. Al contrario, estableció compromisos de pago y definió políticas para asegurar el sostenimiento del sistema.
El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, asumió el compromiso de cancelar 350 millones de pesos.
Los otros mandatarios aceptaron continuar en mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda. El propósito consiste en precisar las cifras pendientes y fijar las fuentes de financiamiento.
También se acordó que los recursos municipales cubrirán deudas y financiarán reparaciones de estaciones fuera de servicio. El AMB presentará un cronograma de inversiones con fechas y montos concretos.
La Procuraduría exige esquemas financieros sólidos, planes de contingencia y agilización de trámites administrativos.
Expertos en movilidad entregarán un estudio sobre mejoras operativas para Metrolínea. El documento evaluará rutas, frecuencias y mantenimiento de flota para reducir costos y elevar la eficiencia.
La fecha de reanudación del servicio dependerá de la firma del convenio y de la disponibilidad efectiva de los recursos y la Procuraduría mantendrá seguimiento estricto a los compromisos adquiridos.
La Procuraduría programó informes mensuales sobre el cumplimiento de los compromisos financieros.
