Preocupación tras aumento de quemados por pólvora en Santander: 18 personas entre ellas 7 menores
Resumen
En Santander, 18 personas han resultado lesionadas por manipulación ilegal de pólvora, 7 de ellas menores. Las autoridades advierten sobre graves consecuencias judiciales para los responsables.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La temporada decembrina se ha convertido en escenario de dolor y tragedia judicial en Santander. La Secretaría de Salud departamental confirmó un alarmante ascenso en el número de personas lesionadas por la manipulación ilegal de pólvora, elevando el conteo total a 18 víctimas, con una preocupación especial por los siete menores de edad afectados.
El panorama es grave: de acuerdo con el Secretario de Salud, Edwin Prada Ramírez, la cifra no solo incluye quemaduras, sino amputaciones de dedos y severos daños oculares en los menores, lesiones que podrían implicar graves consecuencias penales y civiles para sus custodios.
La mirada de la justicia
Los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro concentran la mayoría de los eventos, poniendo en evidencia un incumplimiento flagrante a las normativas de control. Este escenario no solo activa las alarmas de salud, sino también las de la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La ley es clara: los padres y cuidadores de los siete menores de edad lesionados, que representan el 39% del total de casos, enfrentan posibles consecuencias que van desde procesos administrativos por negligencia, hasta la imposición de multas onerosas y, en casos de lesiones permanentes graves, la intervención directa del Estado en la patria potestad.
Las autoridades recalcan que el uso indebido de artefactos pirotécnicos, más allá de la lesión física, acarrea responsabilidades judiciales. El Secretario Prada Ramírez ha reiterado el llamado a la ciudadanía a buscar alternativas seguras de celebración, mientras se anuncian operativos de vigilancia reforzados en las zonas críticas para desmantelar puntos de venta ilegal y evitar que la cifra de víctimas de esta imprudencia continúe escalando.
La preocupación se intensifica al considerar que las lesiones en los niños y adolescentes no son incidentes menores, sino mutilaciones que alteran irreversiblemente su calidad de vida. Las autoridades avanzan en la judicialización de los responsables por el suministro y la custodia de estos peligrosos elementos.
