Por sobornos de ministros a la ‘Comisión de Crédito Público’ están acusados 20 funcionarios y varios PARLAMENTARIOS

Una veintena de nombres fueron mencionados en la audiencia de imputación de cargos que adelantó este jueves, 8 de mayo, la fiscalía general en contra de María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda, y quien es una de las piezas clave en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Benavides, que está privada de la libertad, actuaba como interlocutora entre el Ministerio de hacienda y los congresistas que tenían interés en los contratos de obra en Gamarra, El Salado y Carmen de Bolívar, y que ascendían a los 90 mil millones de pesos.

Sin embargo, todas estas acciones las realizaba con el aval de Ricardo Bonilla, que fue el ministro de las finanzas nacionales, a quien le debían entregar informes periódicos sobre la forma en que se adelantaba el direccionamiento de los contratos en los diferentes municipios con las personas que habían sido designadas para tal finalidad. “Usted le informó al entonces ministro Ricardo Bonilla de los resultados de la reunión realizada con los parlamentarios, concretamente que estos —como gesto con el ministro— votarían en la sesión plenaria de la Cámara programada para el día siguiente, es decir, el 6 de diciembre de 2023, una millonaria operación de crédito público. 

Un día después de aquellos hechos, María Alejandra Benavides asistió a otra importante reunión en la oficina del ministro Bonilla. “En el despacho del ministro de Hacienda, la asesora María Alejandra Benavides asistió a una reunión con los ministros Bonilla, Luis Fernando Velasco, Jaime Ramírez Cobo [...], en la que se acordó que las personas que tenían que gestionar en la UNGRD esas partidas cuantiosas para ‘comprometer a los congresistas eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo”, reseñó la fiscal.

El 11 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides, con el aval el ministro Bonilla, le entregó un sobre a Ramírez Cobo que contenía la lista de los tres contratos de obra y el valor unitario. “Ramírez Cobo le solicitó los nombres y números de contacto en los municipios donde se desarrollarían los procesos contractuales entregados por los parlamentarios, por lo que usted le solicitó a Karen Manríquez, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo el nombre de las personas con los que debían comunicarse en las regiones para tramitar los proyectos", añadió la imputación.