Justicia española mantiene proceso penal contra Begoña Gómez
Resumen
El juez mantiene el proceso penal contra Begoña Gómez y otros implicados, al considerar que hay indicios suficientes para avanzar hacia una posible apertura de juicio oral.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, continúe su curso, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar hacia una posible apertura de juicio oral.
La decisión también incluye a María Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el caso de Barrabés, el magistrado acordó el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional.
En su auto, el juez otorgó un plazo de cinco días a las partes implicadas para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales y se pronuncien sobre la apertura de juicio oral. Además, solicitó nuevas pruebas documentales, entre ellas facturas vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
La investigación se centra en la presunta utilización de la posición institucional de Gómez para impulsar proyectos profesionales, particularmente su rol en la Universidad Complutense de Madrid. Según la acusación, habría creado y controlado dicha cátedra, además de registrar su marca y dominio web, con apoyo de recursos públicos y aportes privados de grandes empresas.
Asimismo, se señala que su asesora habría desempeñado funciones tanto públicas como privadas utilizando medios oficiales, lo que habría contribuido a reforzar la influencia institucional del proyecto. En paralelo, Barrabés habría recibido respaldo en procesos de contratación pública a través de cartas de recomendación.
No obstante, tanto la Fiscalía como las defensas han solicitado el archivo del caso en fases anteriores, argumentando falta de pruebas concluyentes o inexistencia de delito. La defensa de Gómez sostiene que la cátedra era de carácter gratuito, que no hubo apropiación de fondos y que las actuaciones cuestionadas forman parte de prácticas habituales en el ámbito académico.
El caso entra ahora en una fase decisiva, en la que la justicia deberá determinar si los indicios recopilados son suficientes para llevar a los acusados a juicio, en medio de un fuerte impacto político y mediático en España.
