Informe revela falencias en contratación tanto en la Gobernación en la Alcaldía de Bucaramanga
Resumen
El informe del IEP y el Comité de Transparencia revela deficiencias en transparencia y pluralidad en contratos públicos en Santander y Bucaramanga. La Gobernación es la más afectada, con procesos marcados por baja competencia, mientras la Alcaldía mostró una caída reciente.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un informe revelado recientemente por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) reveló preocupantes debilidades en los niveles de transparencia y pluralidad de oferentes en los procesos de contratación pública realizados por la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga entre 2020 y 2024.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El estudio, elaborado junto con el Comité de Transparencia por Santander, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y la Red Santandereana por la Transparencia, analizó la ejecución contractual en las dos entidades, evaluando la diversidad de proponentes y los montos invertidos en diferentes modalidades de contratación.
La Gobernación de Santander fue la entidad con los peores resultados. Según el informe, la mayoría de los procesos de contratación entre 2020 y 2024 se ubicaron en “zona roja” del semáforo de transparencia, al registrar entre uno y dos oferentes por proceso. Los casos más críticos se concentraron en las modalidades de menor cuantía y subasta interna, donde durante los cuatro años analizados no se superaron las dos propuestas en ningún caso.
“Este es un llamado urgente a revisar los procedimientos de contratación en la Gobernación, donde no se está garantizando la competencia ni el acceso equitativo a los recursos públicos”, advirtió Miguel Pardo Uribe, investigador del IEP.
Retroceso en Bucaramanga
En contraste, la Alcaldía de Bucaramanga mostró mejores indicadores en la primera parte del periodo analizado. Entre 2020 y 2023, las modalidades de contratación registraron una pluralidad aceptable, destacándose 2021 y 2022 con promedios de hasta 84 oferentes por proceso en licitaciones públicas.
No obstante, el panorama cambió en 2024. Ese año, la participación cayó drásticamente, lo que llevó a que solo una modalidad se clasificara en nivel verde, mientras que dos se ubicaron en nivel rojo y otras dos en amarillo.
“La tendencia es preocupante. Vimos una caída de participación promedio a 4.5 proponentes en 2024. Las entidades deben revisar las condiciones de sus procesos y buscar formas de incentivar la competencia”, señaló Marcela Pabón, directora del Comité de Transparencia por Santander.
Más compromiso institucional
Pese a estos compromisos previos, el estudio concluye que muchas de las recomendaciones iniciales no se han implementado plenamente. María Juliana Acebedo Ordóñez, consultora del IEP, aseguró que “los resultados muestran una débil aplicación de buenas prácticas contractuales. Se necesita fortalecer los mecanismos de transparencia para lograr una contratación más plural, competitiva y eficiente”.
Adicionalmente, como parte del mismo proyecto, el IEP también participó en la formulación de planes de desarrollo departamentales y locales, e impulsó la inclusión de temas como paz, derechos humanos, población migrante y participación política. Paralelamente, se adelanta un análisis de la dinámica electoral en alianza con la Registraduría Nacional y la Universidad de Antioquia, cuyos resultados serán presentados a finales de este año.
Metodología del estudio
El análisis tuvo como principal referencia los estándares de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, adaptados a través de un sistema de semáforo: verde para altos niveles de pluralidad, amarillo para niveles medios y rojo para niveles críticos. La evaluación incluyó todas las modalidades legales de contratación: licitación pública, concurso de méritos, subasta inversa y contratación de menor y mínima cuantía.
El informe es parte de un proyecto más amplio liderado por el IEP desde 2023, que ha incluido debates con candidatos regionales y la firma del “Pacto por la Transparencia”, donde varios aspirantes a cargos públicos se comprometieron a aplicar principios de gobierno abierto.
