Inflación golpea fuerte a los más pobres y agrava la desigualdad

 El crecimiento de la inflación no sólo regresó con fuerza al país. También dejó al desnudo la fragilidad de una economía que castiga primero a quienes menos margen tienen para resistir.

El dato de abril, 5,68 por ciento anual, no es una simple alarma estadística. Es la señal de un deterioro que golpea la comida, la vivienda, los servicios esenciales y la tranquilidad de millones de colombianos que ya no encuentran espacio para ajustar más su presupuesto.

Colombia vive una contradicción peligrosa. Mientras el discurso oficial celebra logros políticos, sostenidos en el aire, los hogares pobres enfrentan una realidad mucho más cruda.

El alza de varios alimentos no sólo reduce la calidad de la dieta familiar. También obliga a escoger entre comer, pagar vivienda o asumir recibos básicos. Esa presión erosiona el ingreso real y empuja a amplios sectores hacia una precariedad más notoria.

Si un hogar dedica casi todo su dinero a sobrevivir, cualquier aumento de precios se convierte en una amenaza directa. El debate no debe reducirse a una disputa técnica entre economistas.

Lo que está en juego es la capacidad del Estado para proteger el poder de compra de la población. El alza del salario mínimo, presentada como conquista social, o salario mínimo vital, dejó efectos que el Gobierno se niega a reconocer con honestidad.

Subir la remuneración sin atender el impacto sobre costos, contratos y precios deja el alivio nominal de unos sobre el sacrificio material de otros. La intención puede sonar noble. El resultado, no obstante, recae sobre los mismos hogares que se buscaba favorecer.

A ello se suman riesgos externos e internos que pueden empeorar el panorama. Un episodio climático severo, los bloqueos viales y el encarecimiento de insumos importados, debido a los aranceles, amenazan la oferta de comida y el transporte de bienes.

En un país con problemas logísticos persistentes, cada choque se multiplica. Por eso resulta tan preocupante la ligereza con que el poder político trata una variable que define la vida cotidiana de la gente.

El Gobierno no puede seguir restándole gravedad al problema ni culpar a otros de sus consecuencias. El propio Ministerio de Hacienda admite una inflación más alta para 2026, señal que contradice cualquier optimismo oficial.

Esa admisión basta para exigir menos propaganda y más responsabilidad. La política económica necesita corrección antes de que el costo social sea mayor. El Banco de la República debe conservar su independencia y actuar con firmeza.

La estabilidad de precios no se defiende con eslóganes ni con ataques al Emisor. Se defiende con disciplina fiscal, prudencia salarial, apoyo al campo, control de costos logísticos y verdad frente al país. Sin esas decisiones, la inflación reducirá ingresos, socavará la confianza y agravará la desigualdad que hoy ya golpea fuerte a los más pobres.