Hermano de expresidente Uribe condenado por HOMICIDIO
Resumen
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión por liderar el grupo paramilitar 'Los 12 Apóstoles', revocando una absolución previa. La sentencia destaca la gravedad de los crímenes y marca un avance contra la impunidad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Tribunal Superior de Antioquia profirió una sentencia de segunda instancia en la que condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 3 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. La decisión revocó la absolución que había recibido en noviembre de 2024 y reactivó uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con el paramilitarismo en el norte del departamento.
Según el fallo, las pruebas recopiladas permiten concluir que Uribe Vélez actuó como líder de la estructura conocida como Los 12 Apóstoles, un grupo armado ilegal señalado de perpetrar asesinatos, desapariciones y otros crímenes que, por su gravedad, han sido catalogados como de lesa humanidad. Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso una multa cercana a los 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a cerca de 9.500 millones de pesos.
El caso contra Uribe se remonta a más de una década, cuando la Fiscalía presentó acusaciones que lo vinculaban con la conformación y apoyo de este grupo paramilitar que operó en Yarumal y en el norte de Antioquia. Tras ser absuelto en primera instancia, la revisión del expediente por parte del Tribunal Superior determinó que la valoración de las pruebas debía ser reconsiderada, concluyendo que existían elementos suficientes para proferir condena.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, afirmó que el proceso ha estado marcado por presuntas irregularidades, falsos testimonios y motivaciones políticas. Anunció que interpondrá los recursos necesarios ante las instancias correspondientes para buscar la nulidad del fallo. Paralelamente, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos calificaron la sentencia como un avance significativo contra la impunidad y un mensaje contundente frente a la responsabilidad de civiles en la consolidación del paramilitarismo en la región.
