Excesiva deuda pública somete a Colombia a una tensión inédita

La discusión pública sobre la deuda del Gobierno Nacional exige un diagnóstico claro, porque la capacidad financiera del país enfrenta una tensión inédita que condiciona decisiones económicas y sociales.

Según los datos, a enero de 2026 el saldo de la deuda superó los $1.200 billones, un nivel no visto desde la crisis sanitaria y que convierte la emergencia fiscal en un problema de Estado.

El dato no es neutro. El pago de onerosos intereses absorbe una porción creciente del presupuesto. Cerca del 20% del gasto total queda comprometido en servicio de la deuda, una cifra que reduce el margen para inversión en salud, educación y seguridad.

Los más optimistas dirán que eso  hace parte de la dinámica económica inherente al desarrollo del Estado, pero esa dinámica limita opciones presupuestales y erosiona la legitimidad de las políticas públicas cuando la ciudadanía percibe que sus impuestos sostienen obligaciones financieras antes que bienes y servicios esenciales.

El actual  Gobierno presentó medidas para manejar la situación, como operaciones para alargar plazos y canjes que alivian cargas de corto plazo y aunque esas maniobras resultan necesarias, no son suficientes sin una estrategia integral sobre gasto y recaudo.

La recaudación registró una caída amplia, según datos de la DIAN, y requiere acciones concretas para recuperar recursos, porque esa incierta tensión fiscal ya generó reacciones en los mercados y en las agencias calificadoras, debido a que  ese ajuste eleva el costo de la financiación y obliga a coherencia técnica en la gestión pública.

En este momento es imprescindible revisar contratos, eliminar duplicidades institucionales y priorizar iniciativas con impacto medible en capital humano y productividad, así mismo, se debe ampliar la base gravable sin asfixiar la actividad económica, sancionar de forma ejemplar la evasión y optimizar los métodos de recaudación.

Para nadie es desconocido que toda política fiscal exige transparencia y rendición de cuentas. Allí deben entrar a cumplir su papel de control el  Congreso, la Contraloría y la sociedad civil, para exigir metas concretas, cronogramas de ajuste y auditorías públicas.

No existe atajo moral frente a la deuda. Heredar la carga a las próximas generaciones representa una irresponsabilidad colectiva. Colombia requiere una hoja de ruta que combine ajuste del gasto, recaudo efectivo y reformas que impulsen crecimiento.

Esa trilogía constituye la única posibilidad realista para recuperar espacio fiscal sin sacrificar la cohesión social ni hipotecar el futuro de las familias. Es imprescindible proteger a los más vulnerables.

Las medidas de ajuste deben incluir salvaguardas para programas de emergencia, subsidios focalizados y mecanismos que impidan retrocesos en los indicadores sociales. El desafío demanda responsabilidad intergeneracional y voluntad política que priorice la estabilidad.

Quien administre las finanzas públicas debe dejar evidencia verificable de cada peso ejecutado. Los colombianos debemos participar y evaluar esas decisiones con rigurosidad para exigir resultados medibles y que los impuestos no se vayan en pagar intereses, sino que se reinviertan  en el progreso del país.