Escándalo sacude millonarias obras de salud en Santander

Un nuevo escándalo sacude al sector salud en Colombia y salpica directamente a dos municipios santandereanos. Según una reciente investigación del portal La Silla Vacía, más de $234 mil millones en contratos para remodelaciones hospitalarias estarían comprometidos en un presunto carrusel de contratación que beneficiaría a empresarios cercanos al Pacto Histórico, la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los casos señalados se encuentran los hospitales públicos de San Andrés y Málaga, en la provincia de García Rovira, donde se adelantan ambiciosas obras financiadas por el Gobierno nacional, pero que ahora enfrentan serias denuncias por supuestas irregularidades administrativas y favoritismo en la adjudicación de contratos.

Contratos dirigidos y vínculos cuestionables

Entre agosto de 2023 y marzo de 2024, el Gobierno adjudicó los contratos a un reducido grupo de empresas vinculadas a los hermanos Mauricio y Germán Tarazona, y a los empresarios Carlos Gutiérrez y Carlos Olarte Martínez. Este último, según revela La Silla Vacía, ha sido contratista en múltiples entidades públicas y está relacionado con investigaciones en distintas regiones del país.

La denuncia apunta a posibles prácticas anticompetitivas, pliegos de condiciones diseñados para favorecer a determinados proponentes, interventores compartidos entre firmas, y la participación de una fundación que habría falsificado documentos para acreditar experiencia como supervisora de las obras.

Aunque no se ha establecido responsabilidad directa del presidente Gustavo Petro, el escándalo sí compromete a figuras visibles de su gobierno y de su bancada en el Congreso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; las senadoras Gloria Flórez y Sandra Jaimes; y el representante Juan Manuel Cortés, han realizado visitas oficiales a las obras cuestionadas, en medio de un contexto político sensible.

Además, se conoció que varios de los contratistas señalados habrían apoyado activamente la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022, lo que levanta sospechas sobre posibles pagos de favores a través de la contratación estatal.

De la esperanza a la desilusión

En la provincia de García Rovira, donde el acceso a servicios de salud dignos ha sido una lucha de décadas, las obras en los hospitales de Málaga y San Andrés fueron recibidas inicialmente con entusiasmo. Sin embargo, las denuncias sobre la transparencia en el proceso han generado inquietud entre los habitantes, líderes sociales y organizaciones comunitarias, que ahora exigen claridad y veeduría ciudadana.

“Nos prometieron salud digna, pero nos están dejando con promesas manchadas de corrupción. No podemos permitir que los hospitales se conviertan en botines políticos”, expresó Hernando Suárez, líder comunal de San Andrés.

La magnitud de las denuncias ha puesto en alerta a entes de control como la Contraloría y la Procuraduría, que podrían abrir investigaciones formales sobre la legalidad de los contratos, la idoneidad de los supervisores y la ejecución de los recursos. Por su parte, la ciudadanía espera que no solo se sancione a los responsables, sino que se garantice la continuidad y transparencia de las obras.