Empresaria acusada de envenamiento de dos menores se pronunció en redes

La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra Zulma Guzmán Castro por su presunta responsabilidad en la coordinación del envío de frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá. El caso, que ha generado conmoción nacional, motivó la emisión de una orden internacional de captura y una circular roja de Interpol, mientras la principal sospechosa rechaza los señalamientos a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Según información obtenida por la revista Semana, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que vinculan directamente a Guzmán Castro con el envío del producto envenenado a la vivienda donde se encontraban las menores el pasado 4 de abril. El ente acusador basaría su hipótesis en registros y evidencias que, de acuerdo con sus declaraciones oficiales, demostrarían la participación de la mujer en los hechos investigados. La gravedad del delito y la naturaleza del material probatorio llevaron a las autoridades a activar mecanismos de cooperación internacional para su búsqueda.

En medio de la polémica, Guzmán Castro compartió un mensaje en el que expone su versión de los hechos, niega haber huido y asegura que no ha sido notificada formalmente de ninguna investigación. Afirma que las recientes publicaciones sobre su paradero responden a un “chisme” que está creciendo como “wild fire”, y detalla que permaneció en Argentina durante más de dos años, ejerciendo actividades laborales y planeando el inicio de una maestría en periodismo. Según su relato, viajó a España hace poco más de un mes, con escalas en Brasil y el Reino Unido, donde asegura que estuvo por motivos familiares relacionados con su hijo.

La cronología oficial del caso, sustentada en registros migratorios, indica que Guzmán Castro salió de Colombia el 13 de abril, pocos días después del fallecimiento de las niñas, lo que coincide con la versión de la Fiscalía de que la acusada abandonó el país tras conocer la noticia del crimen. Aunque ella insiste en que su residencia principal se encontraba en Argentina, sus más recientes movidas internacionales generan dudas sobre sus desplazamientos y su estado actual frente a la justicia.

El expediente judicial también incluye detalles sobre la relación personal entre la acusada y el padre de una de las víctimas, vínculo que ella describe como “clandestino”. Este componente, que ya forma parte del debate público, agrava el interés mediático en el caso y ha abierto discusiones sobre los límites entre la vida privada, el derecho a la defensa y el rol de la presión social en investigaciones sensibles.

Mientras avanza el proceso y continúa la búsqueda de Guzmán Castro, el caso del envenenamiento de las dos menores vuelve a exponer las tensiones entre el rigor judicial, la cooperación internacional y el impacto mediático en delitos de alto impacto emocional. Las autoridades insisten en que las pruebas recopiladas son determinantes, mientras la acusada asegura que está siendo juzgada públicamente sin haber tenido la oportunidad de ejercer una defensa formal ante la justicia colombiana.