EE. UU. ordena a Argentina entregar el 51 % de YPF para saldar millonaria deuda

La Justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina transferir el 51 % de las acciones de la petrolera estatal YPF como forma de cumplir parcialmente con una sentencia de 16.100 millones de dólares, derivada de la expropiación realizada por el Estado en 2012.

La decisión fue emitida por la jueza Loretta Preska, del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, quien instruyó al Estado argentino a entregar ese paquete accionario, correspondiente a las acciones Clase D de YPF, en un plazo máximo de 14 días. Las acciones deberán ser depositadas en una cuenta de custodia del Banco de Nueva York Mellon, paso previo al cambio de titularidad a favor de los demandantes: las firmas Petersen Energía y Eton Park Capital.

Esta medida responde a un largo litigio iniciado en 2015 por estas compañías, que reclamaron que Argentina no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) exigida por ley cuando decidió expropiar la petrolera. En aquel momento, el gobierno argentino tomó control del 51 % de las acciones de YPF, que hasta entonces eran parcialmente gestionadas por la española Repsol. Mientras esta última recibió una indemnización de 5.000 millones de dólares en 2014, los accionistas minoritarios no fueron compensados.

Tras conocerse el fallo, el presidente argentino Javier Milei anunció que su gobierno apelará la decisión “en todas las instancias que correspondan” para defender los intereses del país. El mandatario, que ha impulsado un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales, se enfrenta ahora a un escenario complejo con implicaciones tanto económicas como diplomáticas.

El conflicto judicial entre Argentina y los fondos Petersen y Eton Park se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos en torno a los riesgos legales de las nacionalizaciones, especialmente cuando no se respetan los derechos de los accionistas según normas internacionales. Mientras el proceso de apelación avanza, el gobierno argentino deberá evaluar los posibles impactos financieros y políticos que pueda tener esta sentencia en su ya delicada situación económica.