Dueños de MADE Luxury Concierge niegan acusaciones en escándalo de prostitución VIP en Europa

Los empresarios italianos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, propietarios de la agencia MADE Luxury Concierge, defendieron su actividad ante la justicia en medio de una investigación por presunta explotación sexual en eventos exclusivos vinculados a figuras del deporte y empresarios de alto perfil.

El caso, que es adelantado por la Fiscalía de Milán, mantiene bajo arresto domiciliario a dos de los fundadores de la empresa y contempla el embargo de 1,2 millones de euros, señalados como posibles ingresos ilícitos. Según la investigación, la agencia habría organizado fiestas privadas en distintas ciudades de Europa, donde los servicios ofrecidos incluían experiencias de lujo con costos que alcanzaban los 10.000 euros.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios italianos, el modelo de negocio consistía en la organización integral de eventos para clientes de alto poder adquisitivo, combinando acceso a villas, clubes exclusivos, chefs privados y transporte. En este contexto, las autoridades sostienen que parte de la estructura incluía la participación de mujeres reclutadas como modelos, quienes recibían pagos por asistir a las reuniones.

La investigación, liderada por la fiscal Bruna Albertini, señala a Buttini y Ronchi, junto con sus colaboradores Alessio Salamone y Luan Fraga, como responsables de los delitos de favorecimiento y explotación de la prostitución. Entre los lugares mencionados en el expediente figuran reconocidos espacios de la vida nocturna de Milán, así como destinos internacionales como Mykonos y San Bartolomé.

Las autoridades también analizan la posible participación de deportistas de élite que habrían asistido a estos eventos, aunque hasta el momento sus identidades no han sido formalmente vinculadas al proceso judicial. Entre los nombres que aparecen en las investigaciones preliminares figuran futbolistas que militan en ligas europeas, sin que exista imputación directa en su contra.

Uno de los testimonios clave incluidos en el expediente corresponde a una mujer que aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con un futbolista a cambio de dinero, lo que refuerza las hipótesis de explotación dentro de este circuito. Asimismo, las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas que documentan la logística de los encuentros y el flujo de dinero.

Pese a estos señalamientos, Buttini y Ronchi negaron cualquier conducta ilegal ante la jueza Chiara Valori. Afirmaron que su empresa operaba como un servicio legítimo de hospitalidad de lujo y que no tenían control directo sobre el personal contratado para los eventos. Su defensa, liderada por el abogado Marco Martini, calificó las acusaciones como una “campaña mediática destructiva” y aseguró que el negocio funcionaba dentro de la legalidad.

El proceso judicial continúa en fase de investigación, mientras las autoridades buscan establecer la procedencia de los fondos incautados y determinar si existen nuevos implicados. Por ahora, la identidad de los clientes vinculados a estos servicios permanece bajo reserva, en un caso que ha generado amplio debate sobre los límites entre el lujo, el entretenimiento y posibles actividades ilícitas en la élite europea.