La Nación debe reparar económicamente a 10 personas que fueron injustamente acusadas de rebelión, luego de ser falsamente señaladas de pertenecer a los frentes 35 y 37 de las Farc en Sucre.

Tras las declaraciones de algunos desmovilizados del grupo armado ilegal, la Fiscalía abrió investigación por el delito de rebelión contra estas personas; les impuso medida de aseguramiento preventivo y profirió resolución de acusación en su contra. Sin embargo, los procesados que presentaron la demanda fueron absueltos por un juez penal.

Como la decisión de la Fiscalía se basó en un informe de Policía Judicial que no pudo ser justificado y en declaraciones inconsistentes de los desmovilizados, el Consejo de Estado estableció que esa autoridad era responsable del daño.

Se destacó que habían señalado a una persona analfabeta de ser responsable de la elaboración de panfletos propagandísticos de la guerrilla.

Además de la reparación económica que le corresponde a la Fiscalía y a la Rama Judicial, deben emitir un comunicado en el que ofrezcan excusas a las víctimas