Cayeron cinco policías por permitir contrabando desde Venezuela en Norte de Santander

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una red de corrupción en la que estarían involucrados cinco miembros activos de la Policía Nacional, un agente de tránsito y dos civiles, quienes presuntamente cobraban sobornos para permitir el ingreso ilegal de mercancía de contrabando y ciudadanos extranjeros desde Venezuela hacia Colombia, a través de pasos no autorizados en La Parada, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Según las pruebas recopiladas, esta estructura ilegal habría operado entre enero de 2023 y junio de 2024, permitiendo el paso de vehículos con placas extranjeras sin la documentación requerida y omitiendo los controles migratorios y aduaneros establecidos. A cambio, exigían pagos a contrabandistas y redes de tráfico de migrantes.

Los uniformados identificados como presuntos responsables son los subintendentes Pedro Javier Méndez Mendoza y Harold Alfredo Gómez Rivero; así como los patrulleros Wilson Miguel Caicedo Fernández, Alexander Rojas Torres y Pedro José Mayorga Albarracín. Junto a ellos, también fueron procesados el agente de tránsito Hever Hernán Botero Camargo y los ciudadanos Álvaro Sarmiento Melo y Élber Mauricio Pérez Vergel.

A todos se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión y tráfico de migrantes. Por orden de un juez de control de garantías, los cinco policías fueron enviados a centros penitenciarios, mientras que los demás capturados deberán continuar vinculados al proceso judicial en libertad.

Durante el mismo operativo, fue capturado en flagrancia Julio César Guerrero Ortiz, quien tenía en su poder medicamentos de alto costo sin autorización sanitaria. Entre los productos incautados se encontraban tratamientos para cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas que, además, no cumplían con las condiciones mínimas de almacenamiento, como cadena de frío o protocolos exigidos por el INVIMA.

Por estos hechos, Guerrero Ortiz fue imputado por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y enajenación ilegal de medicamentos, y se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

Una fuente cercana al caso explicó: “El daño a la seguridad fronteriza y a la salud pública es inmenso. Estas prácticas ponen en riesgo la vida de miles de personas y socavan la legalidad en un territorio ya afectado por el crimen transnacional”.