Al presidente de Colombia lo debería juzgar la Corte Suprema de Justicia
Resumen
La fragilidad del sistema político colombiano y corrupción en la 'Comisión de Acusaciones' destacan la necesidad de que la Corte Suprema pueda juzgar a presidentes y vicepresidentes. El Consejo de Estado ha evidenciado estos vacíos constitucionales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Dada la fragilidad del sistema político colombiano y la corrupción que envuelve a la mayoría de los miembros de la ‘Comisión de Acusaciones’ de la Cámara de Representantes, debería modificarse la Constitución Nacional para que los presidentes y vicepresidentes de la República puedan ser investigados y sancionados por la Corte Suprema de Justicia.
Como quedó demostrado hace dos años, cuando se conocieron los primeros actos delictivos del actual mandatario de los colombianos y de sus ministros, la corrupción rampante en los más altos niveles del gobierno nacional ha hecho tabla rasa con la institucionalidad, como lo ha comprobado una reciente providencia del Consejo de Estado, que le arrebató al Consejo Nacional Electoral la función investigativa de la conducta del primer mandatario de la nación y de su equipo de gobierno.
La algazara en los salones imperiales del Palacio de Nariño, a raíz del bloqueo institucional para impedir la destitución del presidente de la República, envuelto en la concupiscencia de unas elecciones presidenciales, que fueron compradas con el dinero de las mafias de narcotraficantes y narcoguerrilleros que ejercen su poder real en la ‘Colombia Profunda’, constituye una demostración de la ineficacia de las investigaciones que tienen relación con los delitos cometidos por el presidente de Colombia, que se aferra al poder, en trance de convertirse en un peligroso dictador.
El Consejo Nacional Electoral, que investigó las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro, quedó burlado por la intromisión del Consejo de Estado, que les arrebató sus funciones, ocultando la realidad de unas elecciones compradas con el dinero ofrecido por las mafias del narcotráfico y de la narcoguerrilla, que imperan en todo el territorio nacional.
Es hora de modificar la Constitución Nacional de 1991, para acabar con ese maridaje de la ‘Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes’, la mayoría de cuyos integrantes han recibido sobornos en dinero efectivo, contratos y cuotas burocráticas, para absolver al sátrapa que compró la presidencia de la República y cuyos adláteres están celebrando esta absurda determinación. El presidente de Colombia ha violando la constitución nacional y las leyes de la república, creando una situación de anarquía jurídica, que avergüenza a la nación.
La carrera delictiva del actual presidente de Colombia, comprometido en la conducta penal de tres ministros que saquearon las finanzas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para comprar congresistas, debería ser investigada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Es parte de los grandes vacíos de la Constitución Nacional de mil novecientos noventa y uno (1991), donde quedaron abiertas las puertas y ventanas de la corrupción y de la indignidad del primer magistrado de la nación, que por ahora no puede ser investigado.
