Votar con libertad está en duda en varios territorios de Colombia

La democracia colombiana enfrenta una prueba de fuego y es la de  garantizar que la ciudadanía, en zonas controladas por actores armados, ejerza su derecho al voto sin presiones ni limitaciones.

A pocas horas de que Colombia vuelva a las urnas, el país enfrenta una pregunta incómoda pero inevitable, ¿puede hablarse de democracia plena cuando miles de ciudadanos temen votar en libertad?

Las advertencias que llegan desde distintos organismos revelan que el problema no es hipotético ni marginal. En varias regiones, el voto todavía se emite bajo la sombra de la intimidación, la presión armada y las prácticas ilegales que distorsionan la voluntad popular.

Los reportes de entidades de control y organismos internacionales coinciden en un diagnóstico inquietante. Al menos 127 municipios presentan riesgos serios para el ejercicio libre del sufragio.

Allí convergen factores que amenazan la transparencia electoral: presencia de grupos armados, presión sobre comunidades rurales, compra de votos y maniobras de manipulación del censo electoral mediante el traslado irregular de votantes.

El Estado ha respondido con un amplio despliegue institucional. Más de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública asumirán la tarea de custodiar miles de puestos de votación en todo el territorio nacional.

La ampliación del número de mesas y centros electorales refleja un esfuerzo por facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso democrático.

Sin embargo, la seguridad del día de las elecciones no resuelve el problema de fondo. La preocupación central radica en lo que ocurre antes de que el ciudadano llegue a la urna.

En varias regiones del país persiste un clima de miedo que condiciona las decisiones políticas de la población. Comunidades enteras viven bajo mensajes de advertencia, restricciones de movilidad o presiones directas que afectan la participación política.

En otras zonas, la compra de  votos, práctica que  se  arraigó y que hace parte de la cultura popular porque la gente espera las elecciones para venderle el voto al mejor postor, ha sido atacada de frente por orden presidencial y aunque se han incautado más de mil quinientos millones de pesos, desbaratar esas redes corruptas se complica porque ahora el pago se hace por plataformas digitales.   

Ese escenario plantea un desafío profundo para la institucionalidad. La democracia no se mide únicamente por la apertura de los puestos de votación ni por el conteo final de los sufragios.

Mientras tanto, el debate público se ha concentrado con frecuencia en advertencias sobre supuestos fraudes electorales que algunas autoridades han descartado, pero otras temen que se presenten alteraciones en los resultados.

Esa discusión, aunque legítima, corre el riesgo de desviar la atención del problema más urgente y el cual es el deterioro del orden público en territorios donde la presencia estatal sigue siendo insuficiente.

Regiones como el Catatumbo, Arauca, el sur de Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo y varias zonas de Antioquia reflejan esa realidad compleja. Allí, el desafío consiste en garantizar algo más que la logística electoral.