Violencia rampante en Santander se ha llevado cerca de 400 vidas este año

Un informe  del  Observatorio de Paz y Derechos Humanos da cuenta que en Santander se atraviesa por una crisis de violencia inusitada que exige mejores respuestas en la seguridad general e investigaciones contundentes para llevar ante Lajusticia a los responsables.

Los guarismos entregados son espeluznantes. Entre el mes de enero y el 7 de octubre de 2025 las autoridades registraron 355 homicidios, cifra que representa un aumento del 13% frente al año anterior y revela, en promedio, ocho muertes violentas por semana.

Estas cifras no son meros números, develan que, sin sumar las muertes  producidas durante los primeros días de noviembre, son cerca de  cuatrocientos los asesinatos que dejan comunidades quebradas y familias destrozadas por la disputa entre grupos criminales.

La distribución de la violencia concentra el 80% de los homicidios en el Área Metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja. Ese patrón confirma la tesis del informe de la Corporación Compromiso, en el cual se corrobora que la disputa por el control de economías ilegales urbanas y puntos de venta de drogas impulsa un recrudecimiento de los sicariatos.

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos documentó 124 casos de sicariato en los primeros seis meses de 2025, un aumento del 24% respecto al mismo periodo de 2024 y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante los últimos tres años confirman la existencia de un problema estructural.

La entrega de 30 vehículos a 13 alcaldías y la convocatoria a Consejos de Seguridad son pasos necesarios, pero insuficientes frente a la magnitud del fenómeno, porque recursos logísticos sin inteligencia operativa, sin fiscalización efectiva y sin acompañamiento institucional se convierten en cifras de gasto sin impacto real.

Exigimos transparencia en el uso de recursos, auditorías y rendición de cuentas de resultados judiciales. La responsabilidad recae en los Gobiernos locales, en el Gobierno departamental y en el sistema judicial.

Se requiere un plan de acción claro que entremezcle inteligencia criminal coordinada, persecución judicial prioritaria de los cabecillas, protección real para los denunciantes y programas sociales que reduzcan la base de reclutamiento de personas para cometer delitos.

La Fiscalía y los jueces deben acelerar procesos, aplicar penas ejemplares y garantizar que las sanciones no se diluyan en dilaciones procesales. La retórica sobre “Acción Unificada” pierde credibilidad si no se traduce en resultados concretos y sostenibles.

Las autoridades deben demostrar que entiende la naturaleza del conflicto, porque no se trata sólo de presencia policial, sino de resquebrajar y eliminar los circuitos económicos ilícitos y emprender  accione  para reparar a las víctimas.

Exigir más inversión social no excluye reclamar mano dura contra estructuras criminales. Pedimos investigaciones exhaustivas, sentencias que desincentiven el delito y políticas públicas que derroten el caldo de cultivo del crimen, porque si las instituciones fracasan, la convivencia social corre un riesgo irreversible. Santander merece liderazgo capaz y sanciones que duelan, no promesas que sirvan sólo para la foto.