Vías terciarias de Santander pavimentadas con promesas

Han pasado tres años desde que el Gobierno del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego anunció, con gran despliegue, su programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, una apuesta que prometía transformar 33.000 kilómetros de vías terciarias en todo el país, con la participación directa de las Juntas de Acción Comunal y una inversión nacional proyectada de ocho billones de pesos.

La iniciativa buscaba mucho más que pavimento. De acuerdo con el postulado graficado en el papel, pretendía conectar territorios históricamente marginados y facilitar su integración económica y social al país y rutas de comercio con el exterior.

En el caso de Santander, la expectativa se concentró en la intervención de 400 kilómetros de red terciaria, con un presupuesto estimado de cuatrocientos mil millones de pesos, dentro de los proyectos estratégicos que el departamento presentó para el presupuesto nacional 2025.

El objetivo no podía ser más ambicioso, mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural y cerrar la brecha de conectividad que, por décadas, ha frenado su desarrollo, más aún en el caso de este departamento cuya economía es en su gran mayoría de fuente agrícola.

La deficiente red vial terciaria no es un asunto menor. Sus impactos son visibles y medibles. Congestión por pasos restringidos, aumento de tiempos de viaje, mayores costos de operación para el transporte de carga y pasajeros y pérdidas económicas derivadas de productos que no llegan a tiempo a los mercados mayoristas y minoristas.

La falta de vías adecuadas también limita el acceso oportuno a servicios esenciales. Un paciente que no logra llegar a un hospital o un estudiante que no puede asistir a clases por el mal estado de los caminos son ejemplos de cómo la infraestructura vial define la calidad de vida.

Invertir en estos caminos no es un gasto, es una estrategia de productividad y equidad. Mejorar 400 kilómetros en Santander significa facilitar el traslado de productos agrícolas hacia los centros urbanos, garantizar que la educación y la salud no dependan de la suerte climática o del estado de un puente improvisado -o ‘invisible’ como el de la vereda El Líbano, de San Vicente de Chucurí- y permitir que comunidades enteras participen de la economía regional.

El proyecto también contemplaba planes de mantenimiento, un factor clave para que la inversión no se diluya en pocos años. La participación de las comunidades a través de las JAC podría ser un motor para el cuidado y la sostenibilidad de las obras, siempre que haya supervisión técnica y transparencia en el manejo de recursos.

Pero todo quedó en el aire y, salvo algunas carreteras a las cuales se les hizo un ‘raspado de gallina’, las vías terciarias de Santander, hasta la fecha, están pavimentadas con promesas y los 400.000 millones de pesos que se invertirían, quedaron en el papel y pasan a ser otra promesa con la cual pescar votos en la campaña que se avecina.