Usuarios de la Nueva EPS bajo ‘cuidados intensivos’ en Santander
Resumen
La quiebra operativa de la Nueva EPS en Santander ha dejado a miles sin atención médica esencial, con cierres de servicios críticos y una carga económica sobre las familias. Se requieren respuestas urgentes para asegurar el bienestar de los pacientes más vulnerables.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La salud pública en Santander enfrenta una ruptura que ya no admite eufemismos ni excusas. La quiebra operativa de la Nueva EPS dejó a miles de pacientes sin citas, cirugías ni tratamientos esenciales y el sufrimiento acumulado exige respuestas concretas y claras..
En Bucaramanga y en varios municipios del departamento, la red hospitalaria registra retrasos graves en la entrega de medicamentos y en citas con especialistas y los procedimientos oncológicos y de trasplante.
La suspensión de servicios no es un problema administrativo menor, ejemplos hay, y demasiados, la Clínica Chicamocha cerró la sala de partos y la UCI neonatal. El hospital psiquiátrico San Camilo suspendió, el lunes 7 de octubre, consulta externa, hospitalización y programas de rehabilitación para cerca de 8.000 afiliados de la Nueva EPS, que ahora sólo podrá acceder a urgencias.
El impacto sobre las personas vulnerables resulta demoledor porque existen pacientes crónicos, adultos mayores, niños y mujeres gestantes abocados a enfrentan interrupciones en quimioterapias y en la entrega de fármacos esenciales para sus tratamientos o trasplantes.
Muchos hogares deben asumir costos, resorte de la EPS, con lo que el gasto de bolsillo crece y expone a las familias a pérdidas económicas severas. El auge de tutelas y de quejas muestra que la vía judicial se ha convertido en la última opción para obtener atención.
Las salas de urgencias soportan ocupaciones que superan ampliamente su capacidad, mientras los servicios programados permanecen paralizados, entre tanto, proveedores y empresas de insumos rompieron relaciones con la Nueva EPS ante la mora, lo que impide la disponibilidad de materia prima y retrasa las cirugías.
El incumplimiento masivo de pagos por parte de la EPS no sólo bloquea la atención, también amenaza la continuidad laboral y agrava la precariedad de personal médico, auxiliares y administrativos.
La entidad responsable de la deuda, los entes reguladores que permitieron fallas reiteradas y los sistemas de supervisión que no activaron medidas preventivas y eficaces, deben ser sometidos a investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplarizantes.
La respuesta estatal debe priorizar dos frentes urgentes, que son garantizar el cuidado inmediato a quienes quedaron desatendidos y activar procedimientos sancionatorios y de recuperación de recursos para sostener a la red hospitalaria.
Colocar a los ciudadanos en el centro obliga a decisiones drásticas. Es imprescindible declarar medidas de protección temporal para los afiliados, ordenar el pago inmediato a las instituciones y habilitar mecanismos de contratación alternativa que aseguren la continuidad de servicios vitales.
La inacción equivaldría a tolerar un daño que ya ha cobrado vidas. La salud pública no admite demoras ni excusas administrativas. Quienes permitieron esta debacle deben responder con sanciones proporcionales y con la restitución de la atención.
El reclamo social exige justicia sanitaria porque sin ella, la palabra “sistema” será sólo un esqueleto burocrático sin capacidad para salvar vidas y con las banderas de la corrupción enarbolada en sus astas.
