Uribe condenado: un fallo inesperado

Por: Juanita Tovar Sanguino

Colombia rompió un tabú político y judicial: el 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en calidad de determinador. Es la primera vez que un expresidente colombiano es hallado penalmente responsable por delitos cometidos después de su mandato.

El caso tuvo origen en 2014, cuando Uribe, entonces senador, denunció a Iván Cepeda por la supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema archivó esa denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe, que terminó en esta condena histórica. La justicia determinó que Uribe buscó manipular testigos para revertir esa investigación y desprestigiar a Cepeda.

El fallo señala que Uribe intervino para que testigos como Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve alteraran sus declaraciones. Aunque no se lograra el objetivo, la sola promesa de beneficios a testigos configura el delito de soborno. Además, se habrían fabricado cartas falsas para apoyar su defensa.

Respecto al fraude procesal, el expresidente intentó engañar a la Corte Suprema presentando pruebas manipuladas para lograr la apertura de un proceso contra Cepeda y cerrar el suyo. Según la jueza, estas actuaciones configuraron una conducta dolosa y contraria a la ley.

Tras 13 años de proceso, 69 audiencias y más de año y medio de juicio, el país conoció el monto de la pena, que fue 12 años de cárcel, con multa de 2220,5 SMMLV e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 8 años. La defensa apelará el 11 de agosto, y el Tribunal Superior de Bogotá tiene plazo hasta el 16 de octubre para resolver. Si no lo hace, el caso prescribirá.

La condena implica también consecuencias políticas y administrativas: Uribe quedó inhabilitado hasta por 8 años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, y podría perder sus derechos políticos mientras dure su pena. De estar en un cargo de elección popular, su curul quedaría vacía bajo la figura de “silla vacía”.

La jueza no negó los beneficios como la prisión domiciliaria. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional (SU-220 de 2024) exige que se justifique detalladamente cualquier medida de detención, considerando el arraigo, el comportamiento y el riesgo de fuga.

La decisión judicial tiene un impacto que va más allá del derecho: es un terremoto institucional y político. Uribe, el político más influyente del siglo XXI en Colombia, enfrenta el fin de su inmunidad simbólica. Mientras sus seguidores gritan persecución, sus opositores exigen justicia. Pero lo que se debate no es ideología, sino la vigencia del Estado de Derecho.

Esta sentencia no es un triunfo de la izquierda. Es la confirmación de que la ley puede llegar incluso a los más poderosos. La condena de Uribe marca un antes y un después: el mito de la impunidad se quebró, aunque aún muchos albergan esperanza de una prescripción o de que el Tribunal de Bogotá revoque la decisión de la jueza. Sea cual sea el futuro judicial del expresidente Uribe, el fallo tomó por sorpresa al país, pues muchos daban por hecha su absolución.