No avanzamos en la lucha contra la corrupción

Por: Fundación Participar

El pasado 11 de febrero, se dio a conocer el “Índice de Percepción de la Corrupción 2024”, realizado por Transparencia Internacional, en el cual se mide la apreciación del nivel de corrupción en el sector público en 180 países, en una escala de 0 a 100, en la cual, a menor puntaje, mayor precepción de corrupción.

Los resultados son obtenidos luego del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país.  Una puntuación por debajo de 50, revela altos niveles de corrupción.

La corrupción entendida como el factor que más debilita las instituciones de un Estado democrático contraviene el principio fundamental mediante el cual, todas las acciones de quienes ejerzan funciones públicas, deben estar al servicio del bienestar común, deponiendo los intereses particulares frente a los intereses colectivos.

Colombia, durante los últimos años ha mantenido puntajes similares, lo cual indica que existe un estancamiento notable en la lucha contra la corrupción. En esta última medición, nuestro país obtuvo 39 puntos, uno menos con relación al año anterior. Sin embargo, descendimos 5 puestos en el ranking global, ubicándonos en el puesto 92 entre 180.

En Latinoamérica el mejor resultado lo obtuvo Uruguay con 76 puntos y el peor lugar lo obtuvo Venezuela con tan solo 10 puntos.

De acuerdo con Transparencia por Colombia “de los países pertenecientes a la OCDE, cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con más bajos resultados, solo superando a México (26) y Turquía (34)”. Alarmante.

Estos resultados deben ser un llamado urgente a tomar acciones concretas que logren impulsar al país en la lucha contra la corrupción. El reto es de grandes magnitudes, pues son muchos y variados los factores que influyen en la generación y persistencia de actos corruptos en el sector público.

Por una parte, es fundamental combatir de manera frontal la impunidad que permite y multiplica la corrupción. Así mismo, el control del financiamiento de campañas políticas, fortalecer las medidas de protección a los denunciantes, procesos de rendición de cuentas permanentes y acceso a la información pública, son asuntos claves que deben garantizarse para la disminución de los riesgos de corrupción.

Más allá de la expedición de nuevas normas, avanzar hacia una gestión pública más transparente, implica también la formación de ciudadanos críticos y conscientes de sus derechos y deberes, que permitan la construcción de una cultura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción, y que repliquen valores de integridad y compromiso con la ética, la transparencia y el cuidado de lo público.

* Marcela Pabón. Directora Transparencia por Santander. e-mail: fundparticipar@yahoo.es