Una herida abierta para Colombia

El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe, figura prominente del Centro Democrático, marca un nuevo y preocupante capítulo en la ya tensionada vida política colombiana.

Más allá del impacto inmediato, el hecho desnuda profundas fracturas sociales, cuestiona la solidez del Estado de derecho y amenaza con consecuencias políticas, sociales y económicas de largo alcance.

Enfocados desde el plano político, el ataque reaviva los peores fantasmas colombianos del pasado, la violencia como herramienta cruel para silenciar a opositores sin importar el móvil, ya sea ideológico, criminal o incluso una proterva estrategia de desestabilización.

Lo cierto es que se instala un mensaje de intimidación que afecta directamente el ejercicio democrático y la polarización que ya se ha venido intensificando entre los sectores de izquierda y de derecha encontrara aquí un nuevo punto de ebullición.

Las acusaciones cruzadas y mal intencionadas, la instrumentalización del atentado por parte de distintos actores y la falta de consenso para rechazar unánimemente la violencia, ahondan la desconfianza institucional. La lógica nos enseña que se avecinan días de mayor de crispación en el Congreso, en los medios de comunicación y calles del país.

En el terreno social, el atentado contra el doctor Uribe Turbay profundiza un sentimiento de inseguridad y desencanto colectivo. La ciudadanía, ya golpeada por la sensación de inseguridad urbana, el narcotráfico y la desigualdad, ahora observa con estupor cómo ni siquiera los altos cargos del poder están a salvo de las hordas criminales.

El mensaje es claro: la violencia se ha desbordado, y su alcance es total. Esto impacta directamente en el tejido social, debilitando el sentido de pertenencia a una nación que no logra proteger a sus líderes, mucho menos puede garantizar un debate político libre de amenazas. A su vez, refuerza la percepción de que la justicia es lenta, paquidérmica e ineficaz, incentivando aún más desconfianza en las autoridades legítimas.

En cuanto a las consecuencias económicas, no deben subestimarse que el atentado contra de un senador genere incertidumbre en los mercados y en los inversionistas. Colombia ya enfrenta retos fiscales, una inflación persistente y la presión de financiar programas sociales ambiciosos, podrían ver afectada su calificación de riesgo si se percibe una escalada de violencia política.

Además, este tipo de eventos tienden a impactar negativamente en sectores claves como el turismo, la inversión extranjera directa que requiere como condición mínima para operar una seguridad permanente.

En síntesis, el atentado contra Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado ni menor, es un campanazo de alarma que debe unir no dividir porque la democracia colombiana enfrenta una prueba crucial. Hay que responder con firmeza, sin populismo ni venganza, para evitar que la violencia siga dictando el rumbo del país.

La política debe demostrar que puede ser más fuerte que el miedo.