Un llamado a la firmeza del Estado

Colombia ha vuelto a estremecerse bajo el peso del terrorismo y la violencia. En menos de una semana fuimos testigos de dos hechos que reflejan la sevicia de los grupos armados ilegales, que no cesan en su propósito de retar al Estado y sembrar miedo en las comunidades.

Estos ataques, distintos en forma, pero idénticos en su esencia, buscan quebrar la moral de nuestras fuerzas militares y de policía, así como la confianza ciudadana en las instituciones.

El primer episodio se vivió en Amalfi, departamento de Antioquia, donde un helicóptero del grupo aéreo de la Policía Nacional de los colombianos fue derribado en zona rural, con un saldo devastador: 13 héroes de la patria muertos y heridos de gravedad, víctimas de quienes, con armas largas y explosivos, desafían la soberanía nacional. El siguiente episodio se vivió en Cali, la escuela de cadetes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana Marco Fidel Suárez fue blanco de detonaciones que dejaron tristemente víctimas inocentes y evocaron el doloroso recuerdo del ataque contra la Escuela de cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, que dejó un saldo sorprendente de víctimas.

Estos hechos evidencian que, para los criminales, no existen límites: todo es válido si sirve para doblegar al Estado. En este contexto, resulta secundario discutir si fueron disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo u otros grupos los responsables ya que la estrategia es la misma: terror, intimidación y control territorial.

Frente a ello, los discursos conciliadores y las mesas de diálogo han demostrado ser, en muchos casos, espacios aprovechados por los violentos para ganar tiempo, rearmarse y expandir sus redes. La falta de voluntad real hacia la paz es clara, por lo que resulta indispensable replantear cualquier negociación hasta que existan pruebas fehacientes de desarme y entrega de las rutas criminales.

El gobierno tiene hoy la responsabilidad de actuar con firmeza, asignando recursos económicos, tecnológicos y logísticos que fortalezcan a nuestras fuerzas militares y de policía. Negar este respaldo bajo pretextos políticos es condenar a quienes, desde tierra, aire y río, arriesgan su vida por la seguridad nacional. Sin embargo, no basta con helicópteros blindados o nuevos fusiles, es necesario un plan integral que combine inteligencia eficaz, fortalecimiento de la justicia, protección de comunidades y programas que reduzcan las brechas sociales que nutren el reclutamiento criminal.

Colombia no puede resignarse a normalizar la barbarie. Cada atentado contra nuestros uniformados, cada explosión en las ciudades es un recordatorio de que la paz no se consigue con concesiones unilaterales ni con discursos vacíos. Se requiere autoridad, estrategia y un Estado firme, que no dude en defender la vida, la seguridad y la democracia. El país no puede esperar más: las acciones deben ser inmediatas y contundentes.