Un espejismo más

Por: Mariana Ballestas H.

En Colombia se ha vuelto común escuchar que, una vez terminen los contratos de concesión, el Estado puede hacerse cargo de esas carreteras sin mayor dificultad. Esa idea que suena bien en la retórica política, en la práctica es un espejismo. No se trata de escoger entre lo público o lo privado, sino de reconocer las capacidades reales para sostener la infraestructura vial de un país que depende de sus carreteras para mover más del 70%de la carga y garantizar la conexión entre las regiones.

El Estado ya administra una extensa red de carreteras y buena parte de ella está en malas condiciones, hoy hay tramos destapados, corredores deteriorados y vías donde el mantenimiento apenas alcanza para evitar que se paralice el tránsito. Esto no ocurre por falta de voluntad, sino por la limitación de recursos, pues la mayor parte del presupuesto depende de transferencias nacionales que llegan tarde, son insuficientes y están atadas a la coyuntura fiscal. Con ese panorama, la gestión termina reducida a reparaciones puntuales que no resuelven los problemas de fondo.

El modelo de concesiones, en contraste, ha demostrado resultados que son tangibles, todas las vías concesionadas están pavimentadas, cumplen indicadores y se encuentran en buen estado porque cuentan con inversión privada que no solo financia obras y modernización, sino que asegura servicios al usuario como atención de emergencias, ambulancias, grúas y monitoreo permanente. Esta calidad no es producto de la casualidad, sino de un esquema que permite planear a largo plazo y garantizar recursos permanentes. Sin embargo, lamentablemente en lugar de consolidarlo, el Gobierno actual ha insistido en cambiar las reglas de juego, en modificar vigencias futuras y en reinterpretar contratos, un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión. Esa inestabilidad no solo frena proyectos, sino que multiplica litigios, hoy existen más de 40 en curso cuyos costos terminaríamos pagando todos los colombianos.

El problema se agrava con la inestabilidad institucional, los cambios permanentes en la dirección de las entidades del sector impiden continuidad, retrasan decisiones y minan la capacidad de gestión. Con recursos limitados, alta rotación y falta de planeación de largo plazo, resulta ingenuo pensar que el Estado puede asumir directamente la operación de corredores estratégicos que son vitales para la competitividad del país.

Lo que está en juego no es un debate ideológico, sino la sostenibilidad de la infraestructura, las vías no son un tema de discurso, son la base del desarrollo, de la seguridad vial y de la competitividad. Debilitar el modelo concesionado no afecta únicamente a las empresas que participan en él, afecta a los transportadores que deben recorrer vías deterioradas, a los usuarios que enfrentan mayores riesgos y a las regiones que dependen de estas conexiones para progresar.

El espejismo de creer que el Estado puede reemplazar a las concesiones desconoce la experiencia acumulada y los resultados que se han alcanzado con este modelo. Colombia necesita reglas claras, confianza para atraer inversión y continuidad en los proyectos, sin esos elementos, la infraestructura se estanca y con ella se estanca también el desarrollo del país.