Terminó la elección atípica y viene la votación para un nuevo Congreso

La elección atípica de Bucaramanga cerró su capítulo en el cual quedó superado el experimento electoral que sirvió como prueba nacional para la Registraduría, porque fue la primera que se realizó en una ciudad grande y por eso el ente de organización electoral arribó con una embajada de periodistas de los medios afincados en Bogotá

Ahora se viene otro capítulo electoral, mucho más decisivo, trascendental para el país y es la elección del Congreso de Colombia, el cual se votará y se conformará el próximo domingo 8 de marzo con 108 senadores y 188 Representantes a la Cámara.

El cierre de inscripciones para Senado y Cámara dejó al desnudo un panorama conocido y, a la vez, turbador. Conviven en las listas proyectos con vocación ideológica clara, partidos tradicionales aferrados a esquemas abiertos que reciclan apellidos y casta políticas.

También hay una nueva oleada de aspirantes que confía más en el alcance digital que en la preparación para legislar. Esa mezcla define el punto de partida de una campaña que culminará en la conformación del Congreso que se instalará el 20 de julio de 2026.

Este será un Congreso llamado a tomar decisiones estructurales en un país atravesado por desigualdades profundas y tensiones persistentes, cuyo escenario exige algo más que destreza electoral, porque las curules no son botín ni herencia, tampoco trampolín para intereses particulares.

Representan un encargo público de la mayor seriedad. Legislar implica construir normas con rigor técnico y visión de largo plazo. Ejercer control político supone independencia, conocimiento y carácter frente al Ejecutivo. Cuando el Congreso abdica de esa doble función, la democracia pierde su contrapeso y la deliberación se degrada en consignas o silencios cómplices.

La representación democrática tampoco se agota en la fidelidad al elector o al partido. Implica lealtad a la Constitución, respeto por las reglas y compromiso con el interés general.

Gobernar y legislar requieren capacidad de escuchar, de ponderar argumentos contrarios y de asumir decisiones responsables incluso cuando resultan impopulares. Sin esa madurez, el Congreso se convierte en una suma de trincheras o en una oficina de trámite del poder de turno.

En este contexto, el desembarco de influenciadores en la arena electoral merece una reflexión serena. Las redes sociales amplifican voces y movilizan apoyos, pero la viralidad no reemplaza el conocimiento del Estado ni la responsabilidad institucional.

El Congreso demanda preparación, disposición para el acuerdo y comprensión de la complejidad de los problemas públicos, no sólo indignación instantánea ni aplauso fácil.

La democracia colombiana no resiste otro Congreso fragmentado en microempresas electorales que conciben la política como intercambio de favores o de cuidarle las espaldas  a los más poderosos del país en contravía de los más necesitados de Colombia.

Esa práctica ha minado la confianza ciudadana y debilitado al Estado. Romper con eso constituye una obligación ética. La campaña que comienza, legislativa y presidencial, debe sostenerse sobre un marco de responsabilidad democrática.