Tensiones del gobierno Petro

Por: Luis E. Gilibert

A casi dos años de haberse instalado el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, el mandato del presidente Gustavo Petro atraviesa una serie de tensiones internas que amenazan con erosionar su capacidad de gobernabilidad y su capital político, tan necesarios e importantes hacia las elecciones parlamentarias que se aproximan.

Lo que en sus inicios fue presentado como un proyecto transformador -centrado en la justicia social, la paz total y la transición energética- ha ido perdiendo cohesión, claridad y respaldo tanto dentro del Ejecutivo, como en los demás poderes del Estado.

Uno de los puntos más críticos es la debilidad estructural de la coalición de gobierno, la pérdida de aliados estratégicos en el Congreso que, sumada a un estilo de liderazgo poco conciliador y decisiones unilaterales, ha fragmentado el respaldo que inicialmente acompañó al presidente. Las salidas de ministros de alto caldo como Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo no solo dejaron vacíos en el gabinete, sino que expusieron fuertes divisiones internas sobre el ritmo y la dirección de las reformas estructurales, especialmente en materia de salud, pensiones y trabajo. Estas reformas, que constituían el eje central del programa de gobierno, hoy se enfrentan a una férrea oposición parlamentaria y a crecientes dudas incluso dentro de los mismos sectores progresistas.

Por otro lado, la política de “paz total”, inicialmente bien recibida por amplios sectores de la sociedad, ha comenzado a generar escepticismo por la falta de resultados tangibles, la confusión en los canales de interlocución con los grupos armados y escándalos como el del Eln. Todo ello ha golpeado la confianza ciudadana y este escenario se ve agravado por la creciente independencia de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo protagonismo ha generado tensiones con el círculo más cercano del presidente y contribuye a una narrativa oficial disgregada.

A esto se suma un hecho que no puede ser pasado por alto: el evidente distanciamiento del Gobierno con la fuerza pública. Instituciones centenarias como la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, pilares de la seguridad y el orden democrático, han sido relegadas a un segundo plano. La ausencia de respaldo jurídico y operativo, así como la falta de reconocimiento institucional y desinterés del Gobierno, han minado la moral y el compromiso de miles de hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas por la seguridad del país.

Este abandono, sordo y obstinado resulta no solo injusto, sino peligroso. La suma de estos factores hace prever un panorama complejo para el oficialismo. Sin cohesión interna, sin resultados claros y con una fuerza pública desmotivada, el país avanza hacia una encrucijada política que exige, más que nunca, liderazgo con sensatez, respeto institucional y verdadera voluntad de consenso.

¿Está el Gobierno preparado para rectificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde?