Tarima variopinta

Por: Luis E. Gilibert

Entre la reconciliación y el desconcierto. A lo largo de mi vida institucional, personal y familiar aprendí que los símbolos pesan tanto como las decisiones, por eso, resulta necesario analizar con serenidad severa -pero también con firmeza- el episodio protagonizado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en la ciudad de Medellín, donde compartió tarima con individuos sindicados de pertenecer a estructuras criminales, hoy recluidos en la cárcel de Itagüí.

Este acto, desarrollado en La Alpujarra -centro neurálgico del poder público en Antioquia y la ciudad de Medellín-, no puede ser considerado una simple anécdota o un descuido logístico, es un hecho de profunda carga simbólica, que exige reflexión y claridad.

En un país como Colombia, aún herido por décadas de violencia, la figura del presidente debe ser un faro de legalidad, justicia y prudencia. Cuando esa figura se mezcla en escena con quienes están señalados por graves delitos, el mensaje se desdibuja, la autoridad se erosiona y la confianza ciudadana se resquebraja.

Nadie cuestiona la necesidad de avanzar hacia una paz duradera, el diálogo con actores al margen de la ley puede ser una herramienta válida dentro de la política criminal; sin embargo, ese diálogo debe enmarcarse en reglas claras, respeto a las víctimas y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho. Aparecer en un acto público, rodeado de sindicados, sin una explicación contundente, abre paso a la sospecha, a la confusión y a la percepción de impunidad.

Es comprensible que muchos colombianos, especialmente víctimas del delito, hayan sentido una profunda indignación, ¿Qué mensaje recibe quien ha sufrido a manos de estructuras criminales, al ver a sus victimarios en tarima junto al jefe de Estado? ¿Qué lectura hacen los ciudadanos que claman por justicia y seguridad? Estos son interrogantes que no pueden dejarse al vaivén de la interpretación política.

Si el objetivo del presidente Gustavo Petro era mostrar un gesto de inclusión en el marco de su apuesta por la “paz total”, entonces la comunicación del mismo debió ser precisa, transparente y respetuosa con la institucionalidad. No basta con buenas intenciones: el manejo del símbolo es crucial, y más aún cuando se gobierna un país tan sensible a las heridas del conflicto.

El Estado no puede -ni debe- legitimar a quien aún no ha respondido ante la justicia. Seamos claros: el perdón solo puede venir después del reconocimiento, la verdad y la reparación. De lo contrario, el riesgo no es solo político, es moral. El presidente está en su derecho de buscar caminos hacia la reconciliación, pero también tiene el deber de hacerlo sin poner en entredicho la legalidad y la confianza en nuestras instituciones. Porque la paz no puede nacer de la confusión, ni la justicia tolerar ambigüedades.