Soberanía no se negocia

El anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la firma de un memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para establecer una “zona de paz, unión, desarrollo económico, turismo y cooperación” en frontera común, con una duración de cinco años, prorrogables o suspensión a petición de alguna de las partes, fue recibido con aparente entusiasmo por algunos sectores.

La propuesta, que incluye los estados venezolanos de Táchira y Zulia con los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, plantea una integración binacional sin precedentes, no obstante, su improvisación, superficialidad y falta de controles despiertan una legítima preocupación sobre nuestra soberanía y seguridad.

Cualquier iniciativa que apunte al desarrollo fronterizo merece consideración, pero no a costa del orden institucional ni de los principios que rigen nuestra democracia. Este memorando, lejos de ser el resultado de un proceso técnico y participativo, ha sido presentado como un acuerdo entre cúpulas políticas, sin consulta previa a las autoridades regionales, sin debate en el Congreso y sin que medien estudios que determinen su viabilidad jurídica, ambiental, social o fiscal. Más grave aún puede ser la omisión de temas críticos.

¿Qué sucederá con los límites binacionales ya establecidos? ¿Qué mecanismos se activarán frente a delitos que se cometan en un lado de la frontera y cuyos responsables crucen al otro lado? ¿Cómo se regularán las migraciones, los controles militares o el accionar judicial en un territorio con alta incidencia de narcotráfico, contrabando, minería ilegal y grupos armados irregulares?

La frontera colombo-venezolana no es un espacio neutro. Es una zona con alta porosidad geográfica, marcada por la informalidad y la violencia, donde la delincuencia transnacional se mueve con ventaja. Convertirla en una “zona especial de cooperación” sin condiciones claras, sin reglas ni controles binacionales firmes, le dan perfiles de zona franca ausente de ley y control, equivale a entregar un terreno ya vulnerable a dinámicas ilegales, ahora con respaldo político.

Además, esta iniciativa carece de transparencia, no conocemos los protocolos de seguridad, las reglas migratorias, ni los mecanismos de control fiscal y judicial, no hay una hoja de ruta clara. Se habla de paz y desarrollo, pero se omite deliberadamente el tema del crimen organizado, que en esa región se ha enquistado bajo diversas fachadas.

Por eso, hago un llamado al Congreso de la República y a la opinión pública: este memorando debe ser revisado, debatido y evaluado con rigor. Colombia no puede ceder terreno institucional por gestos diplomáticos. La cooperación internacional sí, pero con condiciones, con controles y con la soberanía intacta; el desarrollo fronterizo no se improvisa ni se decreta por afinidades ideológica, se construye con legalidad, planificación y participación ciudadana porque de lo contrario, más que avanzar hacia la paz, estaremos abriendo la puerta a la ilegalidad y el caos.