Sistema carcelario colombiano afronta un colapso estructural y administrativo
El informe más reciente de la Contraloría General de la República identifica irregularidades multimillonarias en el sistema carcelario de Colombia por valor de 78.000 millones de pesos. Ese desvío presupuestal impacta de manera directa la salud, la alimentación y la infraestructura de los centros de reclusión.
El informe denuncia que, en El Buen Pastor, cientos de mujeres diagnosticadas con cáncer llevan meses sin recibir quimioterapia. En La Picota permanecen represados más de 300 procedimientos médicos.
Así mismo, varios establecimientos, a nivel nacional, denuncian demoras sistemáticas en la entrega de medicamentos indispensables. Estos hallazgos exponen la ineptitud de la gestión.
La infraestructura penal padece fallas críticas como obras inconclusas, muros deteriorados y deficiencias en sistemas digitales y convencionales de vigilancia, comprometen la seguridad de internos y funcionarios.
El hacinamiento agrava la crisis convirtiéndola en inhumana, por ejemplo, la Cárcel Modelo de Bucaramanga registra un 169,6 % de ocupación con 869 internos por encima de su capacidad.
A nivel nacional, 104.525 personas privadas de la libertad conviven en un hacinamiento promedio del 28,8 %, con 23.386 internos adicionales, sobrecupo no sólo atenta contra la dignidad humana, sino que incrementa la imposibilidad de una eficaz resocialización de los internos.
El acceso a servicios básicos resulta insuficiente. Solo dos pabellones psiquiátricos operan para atender patologías mentales en todo el sistema. Las cocinas funcionan en entornos ruinosos, el transporte de víveres ocurre en condiciones precarias y las áreas de almacenamiento están llenas de todo tipo de plagas.
En las unidades de reacción inmediata y estaciones de policía, el abandono alcanza niveles de emergencia. Esta realidad equivale a una violación sistemática de derechos humanos y expone a poblaciones vulnerables a condiciones extremas de riesgo.
El plan de mejoramiento presentado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) carece de efectividad. De 150 hallazgos evaluados, 104 son reiterativos.
Apenas el 36 % de las irregularidades recibe atención parcial. La Contraloría califica la estrategia como “inefectiva”. Resulta inadmisible que adviertan fallas ya señaladas por la Corte Constitucional en la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, y que esas fallas persistan por desidia, falta de controles y ausencia de sanciones.
El Estado tiene la obligación constitucional y ética de garantizar derechos fundamentales de quienes cumplen condenas, como acceso a salud, alimentación digna, seguridad personal y condiciones mínimas de habitabilidad deben ser prioridad ineludible.
Hay una frase que rueda sin sonrojo alguno y es que “en las cárceles todo cuesta y se vale todo”. La galopante corrupción, que es enorme, pero que nadie ve -algunos por conveniencia y otros por negligencia- hace parte de ese entramado peligroso que pone en riesgo la vida de los internos, porque, el informe de la Contraloría lo demuestra, a nadie le importa ni la vida, ni la humanidad de los prisioneros.
La urgencia de reformas profundas no admite más aplazamientos ni indiferencia. Esas reformas deben incluir al INPEC, cuyos sindicatos y la mayoría de sus integrantes también son culpables de la vergonzosa corrupción que ronda por las cárceles, sin que les importe la vida de quienes están presos.
