Se los están robando

Por: Antonio José Díaz Ardila

El Código Civil Colombiano en el Titulo III, artículo 674, establece claramente cuáles son los Bienes de la Unión de uso público de territorio: calles, plazas, puentes y caminos. Indica que un camino público que va de un lugar a otro no deja de ser tal por el sólo hecho de que el gobierno haya construido una carretera pública entre dos lugares. Por esta razón un camino que haya dejado de ser, por existir otro preferente, no les quita a estas franjas de vía el carácter de camino público. Seria preciso para ello un acto de la autoridad competente que así le cambiara su uso.

Complementario a lo anterior que es muy claro, ante varias situaciones puntuales en diversos municipios, en el mes noviembre de 2018 el Consejo de Patrimonio Departamental de Santander, emitió un concepto claro que cita, no sólo el Código Civil Colombiano, sino la Ordenanza 021 de 2006, llamada “Red de Caminos Históricos de Santander”, que fue expedida de conformidad con el Artículo 1 de la Ley 1185 de 2008.

Este preámbulo un poco jurídico, es para denunciar que en varios municipios de Santander los alcaldes no están protegiendo estos caminos y los propietarios de las fincas vecinas avanzan con sus cercas y ocupan este espacio público que por Ley debe ser protegido, en términos sencillos estos terrenos “se los están robando”.

La duda de los alcaldes es, que en las diferentes normas citadas no se define el perfil o el ancho de estos caminos y la razón de esta falta de claridad es que, en siglos anteriores a la aparición de los vehículos motorizados, no había una norma nacional que definiera los perfiles o anchos reglamentarios y estos caminos, de acuerdo con diversos factores como son topografía y principalmente su uso, tenían diferentes dimensiones de perfil. Normalmente tenían el ancho para permitir que dos mulas cargadas que se encontraban en el camino, no se tropezaran, más un margen de seguridad, pero aquellos caminos utilizados para llevar manadas de reses o bestias de carga podían llegar a tener entre 40 y hasta 60 metros de ancho. Esta falta de información clara ha permitido que muchos hacendados ocupen estos caminos de manera ilegal, o como claramente lo indico en el título, estos terrenos públicos “se los están robando” ante la mirada de los alcaldes, concejos y la policía que nada hace por proteger estos valiosos bienes públicos.

Mientras se profundice más en el estudio de cada camino, trabajo arduo que lo corresponde a los historiadores, que deberán acceder a documentos antiguos, con soporte claros y legalmente sustentados y convincentes, para que las autoridades, los alcaldes y los concejos, en sus diferentes POT, EOT o PBOT, de acuerdo al tamaño de cada municipio, determinen para cada camino el perfil legal, lo lógico es que los alcaldes mantengan la situación tradicional de las cercas o el “status quo”  tradicional y así no permitan a los abusivos vecinos robarse estas hoy valiosas franjas de terrenos públicos.   E-mail: antoniojosediazardila@hotmail.com