Santander se respeta e invasores son expulsados por las comunidades

La comunidad de Confines, Santander, tomó la decisión de defender su territorio ante la llegada de grupos foráneos que pretendían invadir predios rurales, este lunes festivo, y esa reacción envía un mensaje claro y es que la provincia no tolerará maniobras que alteren la paz local.

Los hechos, ocurridos entre Confines y Palmas del Socorro, movilizaron a autoridades departamentales y generaron un pronunciamiento en cadena del Gobernador General (r) Juvenal Díaz Mateus, que exigió respaldo institucional frente a la amenaza.

Este martes la Gobernación activó un Puesto de Mando Unificado y coordinó con la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las administraciones municipales para contener la tensión y evitar enfrentamientos que hubieran podido escalar.

En simultáneo, la comunidad impidió el acceso de varios buses cuyos ocupantes, según testigos, buscaban asentarse en predios pertenecientes al municipio de Confines y con garrotes y piedras los obligaron a abandonar el municipio.

El episodio puso en evidencia una doble responsabilidad. Por un lado, el control territorial corresponde a la Fuerza Pública y a las instituciones del Estado; por otro, la defensa del suelo, la honra y la convivencia recae también en los ciudadanos de la provincia.

El transitar por un periodo preelectoral exige máxima vigilancia. Alertas y análisis previos muestran que procesos electorales atraen prácticas de instrumentalización donde terceros emplean dádivas o intimidación para mover personas y provocar desorden en regiones vulnerables.

Esa posibilidad obliga a fiscalizar rutas, regular movilizaciones y perseguir a quienes se lucran con la zozobra pública. La respuesta institucional debe sumar rigor y humanidad. Las personas desplazadas o movilizadas por terceros también tienen derechos.

Las autoridades deben identificar a quienes llegaron al territorio, verificar su situación jurídica y ofrecer asistencia humana, cuando proceda; en paralelo, deben abrir investigaciones que permitan ubicar a los promotores y esclarecer si existió pago, coacción o coordinación para provocar alteraciones.

El Gobernador Díaz Mateus no sólo condenó el intento de ocupación, sino que pidió apoyo del Gobierno Nacional y defendió el derecho de Santander a mantener el orden, porque ‘Santander se respeta’, según palabras del mandatario.

Su llamado obliga a las instituciones centrales a actuar con prontitud y con apego a la ley, activar la inteligencia para detectar rutas de movilización, recursos para proteger a las comunidades rurales y procesos sancionatorios contra quienes organicen invasiones.

Desde Santander se le reclama al Estado coherencia entre discurso y hechos. Si la paz y la legalidad son valores nacionales, las autoridades deben aplicarlos con prontitud en territorios como Confines.

La protección del campo exige presencia efectiva del Estado y sanciones drásticas contra quienes intenten instrumentalizar a los más vulnerables para sembrar caos político y social, siempre y cuando no sea desde el mimo Estado que se promueven estos actos de invasiones y desplazamientos, lo que de por sí sería un incalificable acto criminal.