Regreso al pasado de un país con memoria selectiva

El retorno de la violencia rural confirma que el país retrocede y que esos grupos armados, hoy multiplicados, asumen la disputa por territorios bajo el negocio de la droga y que desecharon los ideales de lucha política.

Su accionar delincuencial pone en jaque el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Un sólo secuestro, un ataque la población civil, porque ya no confrontan de frente a la Fuerza Pública, sino con arteros procedimientos cobardes y a mansalva, basta para borrar cualquier vestigio de seguridad en el país.

El utilizar como escudo a comunidades indefensas, para muchos que creen que eso no existía en el pasado, niega el presente a la generación que siente que se le destruye su futuro, pero no se da cuenta que la sociedad veterana se acostumbró a la guerra, se volvió indolente y que viaja al pasado con memoria selectiva.

En el presente, quienes integran esa horda de criminales y narcotraficantes encarnan la peor versión del salvajismo. Esa red ha dejado tras de sí desolación, miseria y muerte.

La irracionalidad de su apuesta niega toda aspiración de convivencia. Su ciclo de terror constituye una afrenta clara a la vida y la dignidad. El único camino posible, para el Estado, es aplicar la ley con toda firmeza.

No existe atenuante que justifique omisión ni demora. La democracia reclama determinación frente a ese caos que pretende anular el tejido social. El obligar a ciudadanos a secuestrar a soldados y suboficiales del Ejército, demuestra su debilidad y su cobardía.

Una gran parte de la sociedad se ha mentalizado en que toda esa barbarie es sólo de ahora. NO. Hace setenta años se inició esa lucha fratricida. Un negocio redondo para los señores de la guerra. Un canto de muerte magnificado por el negocio del narcotráfico.  

Los cultivos ilícitos superan ya las 300.000 hectáreas. Bajo esa extensión, el narcotráfico infiltra todos los estamentos del Estado. La corrupción alcanzó niveles estratosféricos en la administración pública y en los sectores privados que se prestan al cohecho.

Sin sanciones efectivas, la democracia se convierte en un concepto vacío. El combate contra la criminalidad requiere una hoja de ruta clara, dotada de recursos suficientes y de un mando único, capaz de coordinar Policía, Fuerzas Armadas y organismos judiciales.

El Gobierno actual acumula desaciertos históricos. Falta un año para su término, pero su legado ya figura entre los más deplorables en la historia del país. Ese poder desprecia la Constitución y viola la ley.

El atropello a las normas democráticas ocurre bajo la asesoría de personajes con hojas de vida manchadas. El país no puede aceptar que la mendacidad de asesores oscuros condene el futuro institucional.

Aquí es donde urge reivindicar el respeto a la Carta Magna que sostiene la nación, con la única respuesta coherente a la intimidación, que es fortalecer el Estado de derecho y en condenar, sin tibiezas, cualesquiera expresiones de incitación al conflicto.