Reformas y consulta

Por: Jaime Arrubla

 “Lanza en ristre” se vino el presidente de la República en contra de la reforma laboral que se tramita en las cámaras legislativas; lo menos que dijo a través de sus cuentas en las redes sociales, es que era retardataria y se refirió al proyecto como “una de las contrarreformas más atrasadas” que ha visto, luego de que la Comisión Cuarta del Senado aprobara en tercer debate un texto que, en palabras del gobernante, desvirtúa el propósito inicial de la iniciativa presentada por su Gobierno.

Por otro lado, desde la Casa de Nariño se insiste en que el Senado no se pronunció sobre la consulta popular que quiere adelantar el gobierno y que, por tanto, el presidente podría convocarla por decreto. Pero al tiempo, presenta un nuevo trámite de consulta, con el mismo cuestionario de doce preguntas en materia laboral y cuatro que agrega relativas a la reforma a la salud. La confusión que ha armado no podría ser mayor.

Por supuesto, que sobre la primera consulta sometida por el presidente a la aprobación del Senado, hubo pronunciamiento negativo; por escasos dos votos, pero se negó y así quedó consignada la decisión en la respectiva acta de la sesión de la Corporación; además, lo vimos todos los colombianos por los canales de televisión, junto con la “guachafita” que se armó al conocerse  el resultado, que estuvo a punto de llevar al cuadrilátero al ministro del Interior y a otros miembros del Pacto Histórico.

De dicho resultado de la votación de la consulta, se desprenden dos consecuencias irrefutables: la primera es que hubo pronunciamiento negativo del Senado. Si el Gobierno, como lo ha afirmado, no está de acuerdo con el procedimiento para la votación y su resultado, pues lo que debe hacer es impugnarlo ante los jueces competentes; mientras tanto, se presume su validez.       Esto nos lleva a la segunda conclusión inexorable, no puede el presidente citar a las elecciones para votar la consulta por decreto; decisión del Senado hubo, fue negativa y goza de presunción de validez y, por tanto, el gobierno carece de competencia para citar por decreto a la consulta. 

La inconsistencia argumentativa del ejecutivo, lo llevó a solicitar la nueva consulta, sobre las mismas preguntas en materia de reforma laboral y las cuatro nuevas en salud. No dice la Constitución cuantas veces puede el presidente presentar la misma consulta que le fue negada. Invita la cordura a aplicar el principio de la razonabilidad; no tiene sentido, volver a lo mismo, con el mismo Senado; ya se lo negaron.  

Sin embargo, con la tronera que armó sobre la reforma laboral, todo parece indicar que lo que en realidad le interesa al gobierno no son las reformas, sino poner en marcha el mecanismo de la consulta, a fin de obtener los réditos políticos, que el mismo puede darle. El gobierno, ante el evidente fracaso de su gestión, está encontrando en el mecanismo de participación ciudadana la manera de agitar políticamente a las masas populares en miras a mantener el Pacto Histórico vigente para las próximas elecciones.