¿Reforma estructural o parche fiscal?

En las últimas semanas, ha empezado a circular en medios y círculos económicos un rumor que inquieta a muchos: el Gobierno estaría preparando una nueva reforma tributaria. Aunque aún no se ha oficializado, el contexto fiscal, el discurso del Ejecutivo y las señales que da la DIAN apuntan a que esta posibilidad no solo es real, sino inminente.

Como abogado tributarista, economista y exfuncionario de la DIAN, con más de 25 años de experiencia en el sector, he sido testigo de cómo el afán recaudatorio ha reemplazado, muchas veces, una verdadera planeación fiscal. Entiendo la necesidad de fortalecer el recaudo para sostener el gasto público, pero no se puede seguir acudiendo a reformas improvisadas, construidas más como herramientas de urgencia que como apuestas de largo plazo.

Una reforma tributaria debería ser, ante todo, estructural. Es decir, diseñada para corregir las inequidades del sistema, aumentar la progresividad, reducir la evasión y fortalecer la confianza entre el contribuyente y la administración. Pero lo que hemos tenido en las últimas décadas es una sucesión de parches: ajustes de tarifas, ampliación de bases gravables, eliminación o creación de beneficios, todo al vaivén del gobierno de turno y de las necesidades fiscales inmediatas.

En Colombia, no existe una política tributaria sólida de largo aliento. Lo que existe es una presión constante sobre los contribuyentes formales, especialmente sobre las empresas medianas y grandes, que ya cumplen, pero que son las más fáciles de fiscalizar.

Una reforma estructural debe revisar con seriedad las exenciones tributarias. Hoy superan los 130 billones de pesos, una cifra que representa un altísimo porcentaje del PIB fiscal y que, en muchos casos, beneficia a sectores con alta capacidad económica o se mantiene sin justificación técnica. Mientras no se aborde este tema con rigor, cualquier reforma seguirá recayendo sobre los mismos contribuyentes de siempre.

El sistema tributario colombiano necesita simplificación, no complejidad. Un modelo que promueva la formalización, no que la castigue. Un sistema que incentive el cumplimiento, no que lo vuelva insostenible.

Las empresas requieren reglas claras, estables y predecibles. El constante cambio normativo, la inseguridad jurídica y la incertidumbre en la interpretación de las normas afectan la planeación financiera y desincentivan la inversión.

Si el rumor de una nueva reforma tributaria se concreta, el país debe exigir más que un aumento de tarifas. Debe exigir un verdadero rediseño del sistema, con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

Y si el objetivo es recaudar más, que no se haga a costa de los mismos contribuyentes de siempre. Porque cuando las reformas se diseñan sin escuchar al sector productivo, lo que se obtiene no es recaudo… es resistencia.