Rector Hernán Porras aplaude aprobación de ley que garantiza más recursos para la UIS

La reforma planteada no solo responde a las necesidades financieras actuales, sino que asegura que las universidades puedan crecer y transformarse al ritmo de los retos del país. Es un proyecto que permitirá abrir más cupos para los jóvenes en todas las regiones, contratar más docentes en condiciones dignas, ampliar la infraestructura, fortalecer la investigación y mejorar los laboratorios y escenarios de práctica.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Por unanimidad, los miembros de la Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobaron en tercer debate el proyecto de ley del Gobierno nacional que transforma y fortalece el financiamiento de las instituciones de educación superior del país de carácter público, como la Universidad Industrial de Santander, uno de los centros de formación profesional que se verían significativamente beneficiado con la entrada en rigor de la iniciativa que esta semana quedó a solo a un debate en plenaria de Cámara para convertirse en ley.

No estamos hablando de populismo legislativo. No señor. Se trata de una ley que impactará directamente a todos los jóvenes que actualmente y en un futuro aspiran a ingresar a una carrera universitaria de calidad en el sector público, pues el aumento del giro nacional garantizará mayor inversión en investigación, persona e infraestructura. Mejor dicho, el cielo para la educación pública.

Se trata de una iniciativa que establece que las instituciones de educación superior públicas reciban los recursos que perciben de la Nación, así como asignaciones adicionales para su funcionamiento, con base en el incremento del Índice de Costo de la Educación Superior (ICES), y no con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor como ocurre actualmente.

Para ponerlo en ejemplos palpables, tomaremos como ejemplo el caso de la Universidad Industrial de Santander, institución que recibe anualmente cerca de 260 mil millones de pesos para funcionamiento, cifra que se anualmente ajusta de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, los gastos de la institución superan esa proyección, lo que genera un déficit operativo permanente, debido a que los incrementos de los gastos están asociados al incremento del salario mínimo. He ahí la importancia de la norma pues para enfrentar esa problemática, el proyecto de ley que discute el Congreso propone que el DANE diseñe una canasta de costos específica para la educación superior, distinta al IPC, que refleje con mayor precisión los gastos reales de las universidades y permita un ajuste presupuestal más justo y sostenible.

Inversión como política de Estado

¿Cómo entender mejor la diferencia? Para dilucidar este y otros interrogantes al respecto, EL FRENTE conversó con el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, quien de entrada dejó ver su beneplácito por la reciente aprobación parcial del proyecto de ley para luego explicar el porqué del impacto positivo de la norma, especialmente para la educación pública de Santander.

“Las instituciones educativas como la Universidad Industrial de Santander reciben una base presupuestal por parte del gobierno nacional para sus gastos de funcionamiento e inversiones, base que se va incrementa año a otro con relación al índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero el índice de precios al consumidor, si recordamos, en los últimos tiempos está muy por debajo del crecimiento del salario mínimo mensual legal vigente. Y nosotros muchos de nuestros gastos y de los gastos de las instituciones públicas, están asociados al salario mínimo y no al IPC”, indicó el rector de la UIS quien se citó a sí mismo en un esfuerzo de ofrecer una explicación más sencilla.

“Mire, cada año, por más de que nos dan aparentemente más recursos siempre nos quedamos cortos en el momento oportuno de hacer la compra porque los costos asociados al mundo real están funcionalmente asociados al salario mínimo mensual legal vigente, pero nuestro incremento está al índice de precios al consumidor”, precisó Porras, quien además recalcó en el aspecto de que con la reforma que está a punto de convertirse en Ley de la República el financiamiento de la educación pública no seguirá dependiendo de la voluntad de los gobiernos de turno, sino que quedaría consolidada una política de Estado.

“Será una inversión estable y perdurable en el tiempo, que garantizaría una juiciosa asignación de recursos ajustada de manera anticipada por ley a los presupuestos nacionales de cada año, rubro que sería innegociable. En otras palabras, la platica de la educación universitaria no se tocaría, y estaría garantizada”, manifestó el rector Porras.

Además, el directivo de la UIS hizo un llamado a la Cámara de Representantes, corporación que próximamente discutirá el tema en último debate, previo a la sanción presidencial.

“Apreciados congresistas, desde las universidades públicas del país les pedimos que apoyen esta reforma. Necesitamos recursos más estables y más reales para seguir creciendo en nuestra formación e investigación, que es lo que requiere Colombia para avanzar hacia la paz. El Congreso ha sido responsable con la apropiación de recursos, pero necesitamos avanzar hacia un modelo que asegure la permanencia de estos aportes a largo plazo. La educación no puede depender de la coyuntura política; es un asunto de nación”, expresó el directivo universitario quien hizo énfasis en que la estabilidad financiera de las universidades debe quedar blindada frente a coyunturas políticas o cambios de gobiernos y solo bajo una política de Estado será posible garantizar que la educación pública superior siga siendo un motor de equidad, movilidad social y desarrollo científico.

“Necesitamos permanencia, crecimiento y una distribución diferente de los recursos. Ese financiamiento debe convertirse en política de Estado y no en política de gobierno”, puntualizó Porras.

RECUADRO

¿Por qué este proyecto es tan importante?

Si el Congreso no aprueba la reforma, las Instituciones de Educación Superior públicas verán limitadas sus posibilidades de crecer y responder a las demandas de la sociedad; hoy los recursos crecen menos que los gastos, lo que ya ha generado dificultades en la financiación de proyectos estratégicos, deterioro en infraestructura y restricciones para la investigación.

Este Gobierno está convencido de que brindar oportunidades de educación superior pública es la mejor manera de transformar la vida de miles de jóvenes, apartarlos de la violencia y la guerra, y dar a sus familias verdaderas posibilidades de movilidad social. La educación superior pública es el camino para cambiar las condiciones de vida, construir equidad y reducir la pobreza. A continuación, tres razones para considerar la importancia del proyecto.

·            Porque cambia la forma de financiar la educación superior: los recursos ya no crecerían solo al ritmo de la inflación, sino según los costos reales de la institución de educación superior.

·            Porque incluye a las instituciones técnicas y tecnológicas, que antes no recibían apoyo suficiente de la Nación.

·            Porque pone metas claras de más cobertura, más calidad, más equidad y cierre de brechas regionales.