Reclutamiento infantil es la materia que ha rajado al Estado colombiano

Durante la semana anterior se conoció que las Fuerzas Armadas lograron arrancarle a la banda de alias ‘Calarcá’, y a las garras del reclutamiento forzoso, a cinco niños que tuvieron que huir hacia la selva para esconderse del grupo criminal.     

Las aterradoras cifras que se conocen dan cuenta de que Colombia enfrenta una de sus derrotas más profundas en este aspecto, porque la infancia volvió a ser botín de guerra y escudo cobarde de los violentos.

En cinco años, el reclutamiento y uso de niños por grupos armados se cuadruplicó y hoy un menor cae en esa trampa cada 20 horas, según cifras verificadas por Naciones Unidas.

No se trata de una estadística más. Se trata de un país que permite que la violencia convierta la niñez en carne de cañón. El reclutamiento infantil es la materia que ha rajado al Estado colombiano.

El problema no nace sólo del fusil. Nace también de la pobreza persistente, de la escuela ausente, de la precariedad rural y del abandono estatal en territorios donde el Estado aparece tarde o nunca ha llegado.

Allí, las bandas narcoviolentas ofrecen miedo, techo falso, promesas de trabajo y una salida torcida a hogares sin protección. La coacción, la amenaza y la ruptura familiar hacen el resto. Cuando un niño entra en un grupo armado, pierde libertad, educación, futuro y, con frecuencia, hasta el derecho a volver a ser niño.

La gravedad exige una respuesta que no cabe en discursos de ocasión. No basta con condenar el crimen ni con repetir que la niñez es prioridad. La prelación se demuestra con presupuesto, presencia institucional, justicia rápida y servicios públicos reales.

También urge mirar con seriedad el nuevo frente del reclutamiento, las redes sociales. Allí, los grupos armados esconden su violencia detrás de ofertas engañosas y discursos de oportunidad.

El Estado llega tarde a ese terreno digital, mientras la criminalidad habla el lenguaje que atrae a adolescentes sin horizontes. Esa batalla no se gana con improvisación.

Colombia necesita una política de Estado que rompa el ciclo antes de que el daño sea irreparable. Proteger a la infancia no es un gesto humanitario; es una obligación jurídica, moral y política.

Cada niño reclutado revela una falla colectiva. Cada niña usada por un grupo armado acusa a las instituciones, a las élites y a la sociedad entera.

Esa aceptación silenciosa sería otra forma de complicidad. Recuperar a los menores ya atrapados resulta indispensable, pero impedir nuevos casos debe ser la verdadera medida del compromiso nacional.

Mientras un sólo niño sea arrancado de su hogar para servir obligado o  convencido a la violencia, Colombia seguirá con ese Inri de fallar en lo elemental que es defender a quienes más necesita proteger.

Sin presencia estatal sostenida, la prevención queda en vacío. Sin justicia ejemplar, el reclutamiento se repite. Y sin oportunidades dignas para las familias, la violencia encontrará puertas abiertas en las zonas marginales del país, ante la indiferencia de esta sociedad indolente.