Proceso de pez ha costado $107 billones: mucho dinero para pocos resultados

La Contraloría General de la República presentó su noveno informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, en el que reveló avances parciales, rezagos significativos y hallazgos de ineficiencia en el uso de los recursos destinados al posconflicto.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El organismo de control informó que entre 2017 y el primer trimestre de 2025 las entidades responsables ejecutaron $107,47 billones, lo que representa el 53% del presupuesto estimado en $201,5 billones para los 15 años del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.

En 2024, la ejecución alcanzó $19,2 billones, un incremento del 16,2% frente a 2023, superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017. Sin embargo, la Contraloría alertó que el 42% de los proyectos catalogados como de “paz” no tienen productos asociados de manera directa al Acuerdo Final, y apenas un 17% permite cuantificar resultados de forma clara y verificable.

El informe destacó el crecimiento del Mecanismo de Obras por Impuestos, con una ejecución acumulada de $3,9 billones desde 2017, registrando un aumento del 40,7% en 2024 al pasar de $595 mil millones a $839 mil millones.

Por su parte, el Fondo Colombia en Paz (FCP), a través de la subcuenta PDET, adelantó en 2024 42 convocatorias por un valor contratado de $115.831 millones, principalmente para proyectos de infraestructura vial, educación, salud y programas con enfoque étnico.

Hallazgos fiscales y

proyectos sin sostenibilidad

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Contraloría identificó 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos para la paz, de los cuales 31 son de carácter fiscal y representan $4.794 millones.

En el sector de Minas y Energía, el informe advierte que el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos financiados con recursos del OCAD Paz no son sostenibles ni funcionales, debido a la falta de modelos de operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo millonarias inversiones que no cumplen su propósito transformador.

Igualmente, se identificó que la Reforma Rural Integral (RRI) continúa siendo el eje de la inversión, pero con avances insuficientes. En nueve años apenas se han adjudicado 27.000 hectáreas de tierras, lo que, de mantenerse el ritmo actual, tomaría cerca de 400 años para alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) concentró el 32% de la ejecución del Presupuesto General de la Nación con $3,84 billones, destacándose el proyecto de fortalecimiento de la reforma agraria con $3,12 billones.

En paralelo, el Plan Nacional de Formalización aumentó su presupuesto de $5,83 a $6,26 billones y alcanzó la adjudicación récord de 7.432 hectáreas en 2024, aunque insuficientes para revertir el rezago histórico.

El Plan Nacional de Electrificación Rural enfrenta un déficit estructural de $10,26 billones, pues requiere $18,2 billones para lograr la universalización del servicio frente a los $7,93 billones proyectados.

Educación, salud y vías rurales

En el frente social, el Plan de Educación Rural cuenta con un presupuesto indicativo de $45,06 billones, con apropiaciones por $27,8 billones entre 2019 y 2025. En 2024 se ejecutaron $1,3 billones, equivalentes al 74,7% de lo apropiado para esa vigencia.

El Plan Nacional de Salud Rural, adoptado en marzo de 2025, estableció un presupuesto indicativo de $52,07 billones. En 2024, el Ministerio de Salud transfirió $633.786 millones para la creación de 2.200 Equipos Básicos de Salud en 367 municipios, beneficiando a 668.564 hogares, especialmente en zonas PDET.

En infraestructura, el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional reportó compromisos por $5,2 billones desde 2020, de los cuales $1,08 billones se ejecutaron en 2024 a través del Invías y la Aerocivil.

Falta de articulación y

débil impacto territorial

La Contraloría alertó que los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral muestran avances desiguales, con cobertura geográfica limitada y poca complementariedad institucional, lo que compromete la efectividad de la transformación territorial.

De igual manera, los esfuerzos para fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria, que ha recibido $8,95 billones entre 2017 y 2025, se ven frenados por la ausencia de una línea base, débil articulación local y barreras logísticas.

El informe concluye que, pese al volumen de recursos ejecutados, persisten rezagos estructurales que impiden que las inversiones se traduzcan en transformaciones duraderas en los territorios más afectados por la violencia y la desigualdad.

“La construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales. Es urgente evaluar la coherencia entre los objetivos y la contratación derivada, y garantizar que cada peso invertido genere cambios verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables”, advirtió la Contraloría.