Probidad en el Poder Judicial

En los últimos meses, se ha conocido un nuevo escándalo de presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, en donde se han expuesto serias acusaciones en contra de la exfuncionaria Angélica Monsalve por concusión (exigir indebidamente dinero o cualquier otra utilidad para sí o para un tercero, utilizando su posición o autoridad) , quien a su vez  también  denunció al  exfiscal general Francisco Barbosa y su vicefiscal Martha Mancera por presuntos actos de corrupción, favorecimientos y de propiciar la impunidad en ciertas investigaciones relacionadas con personalidades poderosas.

Estas acusaciones cruzadas, revelan serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia, la integridad en el ejercicio de la función judicial y sobre la politización de la justicia en el país. Es de tener en cuenta que éste no es un caso aislado, (recuérdese el denominado “carrusel de la toga”, entre otros) pero refleja las profundas fallas estructurales que existen en el sistema de justicia colombiano.

Es por ello, que no sorprende las bajas calificaciones de la justicia colombiana en las mediciones internacionales. En el último Índice de capacidad para medir la corrupción 2023, publicado por Control Risk, Colombia tuvo una puntuación de 4.8/10 en “Independencia y eficiencia judicial” y en el ítem “independencia y recursos de la Fiscalía y entes de investigación” un escaso, 3.4/10.

La justicia, a pesar de ser un poder independiente, históricamente ha sufrido presiones políticas y de organizaciones criminales, que han permeado su estructura y ha minado la confianza institucional.   Esta instrumentalización pervierte el sentido del deber ser de la justicia y en ocasiones, convierte los estrados judiciales en escenarios de impunidad.

La impunidad, a su vez, fomenta un ciclo de ilegalidad e incertidumbre, que fomenta la percepción ciudadana, en la cual, las leyes no se aplican por igual y que el sistema favorece al poder. En este contexto, la confianza en las instituciones desaparece, se debilita el tejido social y se incrementan las brechas de desigualdad.

Sin un sistema judicial independiente, objetivo, transparente y ajustado a derecho no es posible la construcción de un Estado democrático, como quiera que el ejercicio probo del poder judicial es un requisito necesario para la garantizar el orden social, la defensa de los derechos humanos y la equidad social.

Solo con un sistema judicial autónomo, objetivo y transparente es posible reducir la impunidad y reconstruir la confianza en las instituciones. La justicia, no puede ser concebida como un privilegio en función del interés particular, sino como un contrapeso garante de los derechos individuales y colectivos.