‘Piratería’ incrementada por pésimo transporte público en Bucaramanga

En Bucaramanga, la tolerancia frente al transporte informal alcanzó un punto crítico, que no se eliminan con los operativos recientes de la Secretaría de Tránsito, que inmovilizaron noventa motocicletas en la carrera quince. Esas acciones resultan insuficientes.

En lugar de sancionar sólo la ausencia de documentos como SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, la autoridad debe atacar sin descanso la piratería de transporte, porque taxistas y conductores de buses urbanos, con toda la razón, exigen un incremento inmediato de operativos contra el servicio informal.

Esa petición carece de respuesta efectiva pese a compromisos adquiridos hace un año. Se conoce con precisión dónde operan los ‘piratas’: rutas irregulares en la carrera quince, la carrera treinta y cuatro, la Quebradaseca y en ‘terminalitos’ móviles.

Los cruces del parque Santander y de la carrera veintiuno con calle treinta y cuatro exhiben vehículos ilegales en circulación constante. Esa práctica genera inseguridad y degrada la confianza ciudadana en el sistema formal de transporte masivo.

La inacción municipal demuestra falta de prioridad. Mientras el transporte masivo moviliza doscientos mil pasajeros diarios, el transporte informal traslada más de cuatrocientos mil usuarios cada jornada en el área metropolitana.

Esa competencia irregular amenaza la viabilidad del sistema público y expone a los ciudadanos a riesgos viales innecesarios. El ahorro de tiempo no justifica el riesgo al no cumplir requisitos de seguridad y responsabilidad legal.

Se debe integrar a la Alcaldía, la Secretaría de Tránsito, la Policía, la Superintendencia de Transporte y representantes de taxistas y transportadores formales para darle una solución definitiva.

Que se establezcan acuerdos, planear y ejecutar operativos sorpresivos constantes y no de cada de cuando en ves, y establecer sanciones contundentes para quienes insistan en operar sin autorización.

Llegó el momento, serio y con compromiso, de diseñar una política pública robusta que contemple sanciones crecientes, retención de vehículos, multas efectivas y seguimiento permanente.

Esa política debe incluir un componente tecnológico como cámaras con lectura de placas, georeferenciación de rutas y alertas automatizadas. Esa inversión garantizará aplicación inmediata de la norma.

Se debe establecer un plazo terminante para presentar resultados tangibles en materia de fiscalización y las autoridades deben informar a la ciudadanía sobre avances, mínimo cada semana, de forma pública, porque sólo así se restaurará la confianza y se demostrará que la norma prevalece por encima de mafias y políticos que controlan la ‘piratería’.

El Alcalde Jaime Andrés Beltrán, tiene en sus manos la oportunidad de consolidar el sistema formal de transporte, porque sólo una actuación decidida restaurará la autoridad municipal, defenderá a quienes cumplen la ley y protegerá la seguridad vial.

Sin medidas firmes, decisivas y drásticas, el naciente Metrolínea (segundo tomo) sufrirá otra vez pérdidas económicas, seguirá el irrespeto a las normas, al servicio público de transporte y, lo que es más repudiable, a las determinaciones de las Autoridades, las cuales son tomadas con absoluta burla por parte de los ‘piratas del transporte’.