Pico y Placa es una norma ‘esperpento’ en Latinoamérica
Resumen
El decreto de Pico y Placa vigente en Bucaramanga no soluciona problemas de raíz, erosionando derechos fundamentales y castigando a ciudadanos sin ofrecer compensaciones efectivas, ignorando alternativas comprobadas que podrían mejorar la movilidad y reducir la contaminación.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El pueblo no merece castigos que se disfrazan de soluciones. Cuando la imaginación de los gobernantes falla ante problemas complejos, la respuesta habitual consiste en imponer restricciones que atropellan libertades básicas y empujan la carga hacia ciudadanos del común.
El decreto de Pico y Placa que entra en vigor este miércoles 1 de octubre en el Área Metropolitana de Bucaramanga reproduce ese patrón que no resuelve la raíz del problema y sí erosiona derechos fundamentales.
La prohibición de circular y la sanción por hacerlo afecta a quien paga impuestos y cumple con sus obligaciones. El Estado exige tributos y, al mismo tiempo, impone días de inmovilización sin compensación.
Esa contradicción raya en la injusticia. En lugar de invertir en infraestructura o aplicar controles efectivos, los gobernantes optan por castigos administrativos que terminan en multas severas y, en casos extremos, en procesos penales.
Existen alternativas concretas y probadas que no requieren asfixiar al transporte privado o público. Priorizar reparaciones viales en sectores olvidados, ordenar el parqueo en vías principales, imponer límites reales de velocidad para motociclistas y retirar de circulación vehículos en condiciones peligrosas, generarían un impacto inmediato, contundente y efectivo sobre seguridad y reducen los niveles de contaminación.
Además, los controles documentales y sanciones dirigidas a infractores reincidentes devolverían al espacio público un orden que hoy no existe.
Comparar con ciudades europeas no resulta exagerado. París, Roma, Berlín y Londres, entre otras, adoptan medidas de control ambiental y de movilidad que combinan planificación urbana, transporte público robusto y restricciones puntuales en zonas sensibles.
Es posible extraer ideas útiles de esos modelos sin copiar mecánicamente políticas que no encajan en nuestras calles. Lo imprescindible es adaptar soluciones a la realidad local, no imponer fórmulas que primero penalizan y sólo consiguen malestar social.
Además, si revisamos con meticulosidad, encontramos que el Pico y Placa es una norma ‘esperpento’ implementada sólo en Latinoamérica la cual, desde México hasta la Patagonia, es una mala copia que no resuelve los problemas, pero que sí ahorca al ciudadano.
La responsabilidad política exige diagnóstico riguroso y acciones con prioridad en lo estructural. Gobernar no implica recurrir a atajos que sacrifiquen la libertad individual por un alivio superficial.
Si los Gobiernos fueran serios, mostrarían con hechos su compromiso con implementación de presupuestos dirigidos a pavimentación, señalización, renovación de la malla vial, controles de tránsito sostenibles y campañas de educación vial con alcance real.
El Pico y Placa, tal como se presenta, constituye un parche que exacerba desigualdades y debilita la confianza ciudadana, porque somos víctimas de medidas ineficaces, desequilibradas e irrespetuosas.
Si las autoridades persisten en soluciones que asfixian al ciudadano, la respuesta será de justa indignación y de exigir políticas que resuelvan problemas estructurales y no que aparejen ataduras administrativas que terminan por golpear siempre al mismo sector, el de los contribuyentes, con medidas mediocres y desordenadas.
