Petro Vs. la libertad de prensa

Por: Maura Samara Suárez

En marzo la CIDH emitió su reporte anual sobre la Relatoría especial para la libertad de expresión del año 2024, es un documento donde se resume la situación de este derecho fundamental en los 35 países de la región. Este informe es contundente, Colombia es el segundo país más letal para la libertad de prensa después de México. Este dato es un retroceso respecto al 2021 y 2022.

El informe también registra un aumento del riesgo para los periodistas que cubren temas como “administración pública, economías ilegales, seguridad, medio ambiente y conflicto armado” catalogando al periodismo como una actividad de alto riesgo en el país. Pero lo más preocupante no son solo las cifras, son las constantes estigmatizaciones a la prensa promovidas por el presidente Petro, cuyo discurso se equipara al de regímenes autoritarios como los de El Salvador, Nicaragua, Venezuela e incluso Cuba.

El presidente ha dicho frases como: “El periódico El Colombiano miente, dejen de manipular al pueblo antioqueño”; “Este es el tipo de desinformación que se irradia a la sociedad y que merece ser rebatida” (sobre Blu Radio); “RCN y Caracol embrutecen y adormilan a la sociedad colombiana”; a María Jimena Duzán la calificó de hacer “periodismo Mosad”; y durante un acto público dijo: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta”. El informe señala que este tipo de declaraciones intensifican la polarización social y aumentan el riesgo para quienes ejercen el periodismo.

Además, ha habido presiones por parte del ejecutivo que involucran la instrumentalización judicial con el fin de obtener información confidencial y censurar investigaciones periodísticas relacionadas con la administración pública y posibles casos de corrupción dentro del gobierno. Se menciona una práctica reiterada de la Fiscalía de realizar inspecciones a medios como La W y Cambio, especialmente por reportajes sobre Daniel Rojas y Juan Fernando Petro. También se reportaron campañas de desprestigio institucionalizadas, con funcionarios públicos que usan canales oficiales para descalificar periodistas, llamándolos “opositores”, “mentirosos”, “tendenciosos” e incluso acusándolos de “propiciar golpes de Estado” o de “embrutecer a la población”.

Por otra parte, resalta la directiva presidencial No. 7 que establece las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión, particularmente en la interacción entre el Poder Ejecutivo y el periodismo, menciona que somos el primer país en la región en adoptar un instrumento de esta naturaleza, Sin embargo, la norma no ha funcionado. La vulneración de la libertad de prensa continúa.

El párrafo 402 es clave, habla sobre el papel de RTVC para vulnerar la libertad de expresión, menciona que “el uso de los medios públicos para promover y difundir exclusivamente la versión oficial del gobierno, lo que estaría limitando el espacio para la crítica y el disenso” además critica con preocupación “ la asignación de contratos a activistas e influencers sin formación o experiencia periodística, lo que genera dudas sobre su idoneidad” además señala que “el acceso a la pauta publicitaria estaría condicionado a la alineación con la visión del gobierno nacional, destacando una reducción significativa de la publicidad oficial para medios privados” . Asegura que en este país los medios públicos no tienen independencia. 

La violación a la libertad de prensa por parte del presidente Petro no es solo preocupante, es peligrosa. Como advierte el informe, “la violencia contra periodistas es un síntoma grave del deterioro democrático”. Y sus palabras no distan de las que se escuchan en gobiernos autoritarios de la región. En Colombia, hoy, escribir una columna como esta no solo es un acto de opinión: es un riesgo.