Pérdida de oportunidad

La figura jurídica de la pérdida de oportunidad se da en el derecho médico cuando existen retrasos en la entrega de medicamentos o en la atención médica tardía. Como médico, como abogado, como simple ciudadano, no es posible ser indolente y aceptar lo que está pasando en Colombia con la salud.

La pérdida de oportunidad le sucedió al niño Kevin; es una conducta omisiva donde se priva al paciente de una probabilidad real y seria de sobrevivir o de mejorar su condición de salud. De no haberse dado el resultado dañoso, no habría ocurrido su deterioro o muerte. Es una conducta negligente que, por omisión, redujo de manera significativa las posibilidades de curación, supervivencia o recuperación del paciente.

Y las directivas nacionales de salud y de las EPS están caminando el Código Penal al no entregar oportunamente los tratamientos, especialmente aquellos de alto costo o destinados a tratar enfermedades huérfanas o crónicas, como el caso del niño Kevin, quien padecía de hemofilia.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que el derecho fundamental a la salud comprende el acceso efectivo, continuo y oportuno a los tratamientos prescritos por el médico tratante. La dilación administrativa, la fragmentación en la prestación del servicio o las barreras impuestas por las EPS no pueden trasladarse al usuario ni justificar la vulneración de sus derechos fundamentales, como salieron a justificar su incompetencia premeditada.

El caso del niño Kevin, quien fallece tras no recibir oportunamente su medicamento, constituye un ejemplo dramático de la aplicación de esta doctrina, ya que es una enfermedad que requiere tratamiento continuo, con factores de coagulación específicos y dicha omisión privó al menor de una probabilidad real de sobrevivir o de evitar la complicación fatal, evidenciando una vulneración grave de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana, con especial protección reforzada tratándose de un niño.

Es relevante que los jueces den aplicación adecuada a la ley, permitiendo sancionar las consecuencias de los retrasos injustificados en el sistema de salud, reafirmando el carácter fundamental y prevalente del derecho a la salud, especialmente cuando están en juego la vida y los derechos de los niños.

Acá se abre otro debate: ¿están los médicos obligados a denunciar esta omisión en sus pacientes?