Peligra autonomía de la prensa tras artimaña gestada desde el Estado

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, cruzó una línea que pone en riesgo la autonomía de la prensa y, por ende, la democracia. Su petición de que los medios entreguen actas, relatorías y manuales de los consejos editoriales invade un territorio reservado a la confidencialidad profesional y a la deliberación interna de redacciones. Aunque la CRC intentó enmendar al esgrimir carácter analítico y voluntario, la medida produjo un efecto intimidatorio evidente.

La Constitución protege la libertad de expresión y la actividad periodística con un nivel especial de salvaguarda que no admite supervisión administrativa de procesos internos.

Varios organismos de control y defensores de derechos han señalado esa incompatibilidad. La Defensoría del Pueblo pidió retirar el requerimiento por su potencial vulneración de derechos y la Procuraduría abrió una acción preventiva para aclarar alcance y legalidad.

Además, voces independientes subrayan que la solicitud equivale a una puerta abierta a la censura indirecta. De todos es  sabido que los  consejos editoriales cumplen una función esencial.

Allí se deciden criterios de verificación, selección de fuentes y líneas editoriales que sostienen la credibilidad informativa. Esos encuentros deben permanecer fuera del escrutinio estatal para preservar la independencia y la protección del secreto profesional.

Pedir “soportes documentales” de deliberaciones internas coloca a los periodistas en una posición de vulnerabilidad, de indefensión y obligados a la “mordaza” frente a posibles represalias del Gobierno.

El efecto práctico ya se vislumbra. Las fuentes pueden retraerse de compartir información sensible por temor a que sus aportes queden registrados y sometidos a investigación administrativa.

Esa erosión que se ha generado afecta reportajes sobre corrupción, derechos humanos y control del poder. Los medios que velan por el interés público dependen de confidencias que no deben exponerse a la mirada de entes reguladores.

La CRC afirma actuar con fines de análisis y colaboración. Sin embargo, la intención no subsana el daño. La posibilidad de que una entidad con funciones regulatorias tenga acceso a registros de decisión periodística crea un precedente peligroso.

Declarar opcional la entrega de información no basta; la opción convive con la coacción implícita cuando el mismo órgano puede invocar competencias sancionatorias.

Las democracias maduras confían en la autorregulación ética del periodismo y en el control ciudadano, no en la intervención administrativa para evaluar la independencia editorial. La Corte Constitucional ha reiterado límites claros entre el Estado y los mecanismos internos de los medios; esa jurisprudencia merece respeto irreversible.

Los organismos de control deben fortalecer la transparencia sin vulnerar la reserva editorial. Exigir protocolos de protección de fuentes y garantías de no uso sancionatorio resulta imprescindible antes de cualquier requerimiento informativo.

La CRC debe retirar de manera definitiva el requerimiento y reconocer el error. Los órganos encargados de proteger derechos no pueden convertirse en instrumentos que los pongan en riesgo, porque la libertad de prensa no admite vacilaciones, exige defensa incondicional.