Pecados de la DIAN están divididos entre burocracia extrema y recaudación mínima
Resumen
La DIAN ha tenido cuatro directores en tres años, reflejando presión política en una entidad técnica. Esta crisis se agrava por objetivos fiscales sin rigor y cambios en política que no cumplen expectativas, dificultando la estabilidad fiscal de Colombia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, acumula cuatro directores en tres años. Esa estadística revela una crisis mayor, provocada por en objetivos fiscales definidos sin rigor técnico y un diseño de política que privilegia resultados por debajo de las expectativas.
Reemplazar funcionarios se ha convertido en la salida cómoda del Ejecutivo para eludir responsabilidades y los números exponen la falla protuberante porque en 2023 el recaudo alcanzó 279 billones de pesos, un crecimiento del 22% frente a 2022, resultado en buena medida de la reforma tributaria y de mayores retenciones en la fuente.
En 2024 la recaudación retrocedió a 267 billones, una caída del 4,4%. El Gobierno presupuestó 312 billones para ese año. El desfase de 45 billones obligó a anunciar un ahorro por 28 billones y desencadenó recriminaciones públicas contra la DIAN.
La sucesión de titulares en la Dirección general por donde han pasado, Luis Carlos Reyes, Jaime Orlando Villabona, Luis Eduardo Llinás y el actual designado Carlos Emilio Betancourt, confirma un patrón de presión política sobre una entidad técnica, con lo cual se omiten las responsabilidades del Ministerio de Hacienda.
Aquí se remarca que los pecados de la DIAN están divididos entre burocracia extrema y recaudación mínima, y a eso se le agregan denuncias sobre clientelismo en aduanas clave y la suspensión de la UIAF del Grupo Egmont, episodio que menoscaba la cooperación internacional en materia financiera.
Cuando la confianza institucional cae, la capacidad operativa acusa el golpe. Exigir mayores ingresos mientras se imponen cargas al sector productivo y se modifican reglas de inversión, reduce la base gravable.
Aumentar impuestos sin crear incentivos para la actividad formal reduce el crecimiento y, por lo tanto, ingresos. La alternativa que persigue el Gobierno nacional ha sido recurrir al endeudamiento o recortar gastos.
Ambas opciones conllevan costos y límites que el país afronta con creciente tensión social. Existen medidas concretas y urgentes como fijar metas de recaudo realistas, transparentes y verificables por organismos independientes y reformular la política tributaria con énfasis en incentivos para la inversión y en la formalización de la economía, de modo que la base tributaria crezca, sin asfixiar a la producción.
La rotación de Directores en la DIAN no resuelve problemas estructurales. Colombia necesita instituciones con objetivos claro y plausibles, porque si el Gobierno persiste en ajustar metas a deseos más que a cifras, la inestabilidad ministerial continuará y la onerosa factura terminarán pagándola los ciudadanos.
Un sistema fiscal sólido nace de decisiones técnicas, no de cambios sucesivos de Directores de la DIAN o de Ministros de Hacienda. Es allí donde el Congreso y los organismos de control deben exigir la aplicación certera de las metodologías utilizadas para proyectar ingresos y permitir auditorías independientes.
Llegó el momento de hacer un control político que desemboque en sanciones contundente y claras frente a proyecciones falsas y mecanismos que ordenen responsabilidad técnica y política, porque recuperar la confianza exige acciones verificables, no promesas.
