¿Paz o impunidad total?

Como se esperaba, en el marco de la política de “paz total”, el pasado 20 de julio, con el inicio de la nueva legislatura, se radicó en el Congreso por el Ministerio de Justicia, el proyecto de ley, destinado a integrantes de grupos armados y estructuras de crimen organizado, delincuencia común, que se encuentren en diálogos con el gobierno que hagan dejación de las armas y sus actividades ilícitas.

A cambio se les van a conceder importantes beneficios: rebajas de penas, libertad para quienes hayan cumplido cinco años de prisión, penas máximas de ocho años, reclusión en sitios especiales, e incluso cumplimiento de la pena por fuera de los sitios carcelarios, penas alternativas, no extradición y, además, pueden conservar el 12% del patrimonio sin importar su origen ilícito, etc.

El proyecto del gobierno tiene varios obstáculos que seguramente le impedirán convertirse en Ley de la República. Observemos algunos de ellos:

El primero es la inoportunidad y la inconveniencia. Todavía está el país estremecido con el crimen contra el  precandidato  presidencial el senador Uribe Turbay; todo apunta, según lo ha dicho el mismo gobierno,  a que fueron las disidencias de las Farc las que fraguaron el crimen, además, de que  se trataba de un plan para desestabilizar y presionar al Estado; y la respuesta que se le ocurre al gobierno es premiarlos por lo que han hecho, pues van a ser  favorecidos por el proyecto y saldrán con una penas irrisorias, a pesar de su execrable  delito. Solo a un necio se le ocurre tramitar esta iniciativa en este momento.

Pero no se observa que sea una ley de sometimiento, que es la única que debería tener espacio para las estructuras criminales de esta naturaleza; se trata más bien una ley de justicia transicional, donde hay más perdón, con penas irrisorias, que justicia.  Se confunde el sometimiento propio para los delincuentes comunes, con los procesos de paz para los delincuentes políticos. La justicia transicional no tiene como finalidad premiar a los delincuentes comunes.

Se desarticula el sistema, quedarán en la cárcel pagando penas mayores, autores de delitos menores, falsedades, estafas, etc., y saldrán de ella, pagando penas menores, los grandes delincuentes del narcotráfico, la extorsión, secuestros, homicidios y otros delitos de lesa humanidad. La igualdad como principio queda duramente afectada con una política criminal como la adoptada por el gobierno.

Pero algo peor, ¿Qué pasa con los acuerdos de La Habana, que hoy forman parte de la Constitución y que sancionan a los que defraudaron los acuerdos, impidiendo para ellos un nuevo proceso de beneficios?, estadio donde se encuentran muchos de los destinatarios.

El proyecto, por estas advertencias que comentamos y otras que se han venido señalando, no va a tener futuro político en el Congreso; sin embargo, el gobierno a sabiendas lo presenta, porque fue una promesa de campaña que no ha cumplido. Si el proyecto de ley no sale, también le sirve, pues acude al ya conocido expediente, de que no lo dejan avanzar con sus reformas sociales los oligarcas de siempre y necesita otros cuatro años para poder llevarlas a feliz término.