País en pausa

En Colombia, hablar de infraestructura suele limitarse a cifras de inversión, anuncios de grandes proyectos o inauguraciones de obras. Sin embargo, pocas veces se pone sobre la mesa el costo real de la falta de continuidad, especialmente cuando con cada cambio de gobierno se replantea o se frena lo que ya venía en marcha, generando incertidumbre en las regiones y afectando a comunidades, empresas y ciudadanos.

De los seis proyectos viales de Quinta Generación (5G) adjudicados desde 2021, cuatro han entrado en fase de construcción: Nueva Malla Vial del Valle, Buenaventura – Loboguerrero - Buga y las Troncales del Magdalena 1 y 2. Los otros dos ALO Sur y Accesos Norte Fase II siguen en preconstrucción, atrapados entre ajustes contractuales, definiciones del Gobierno sobre el modelo de ejecución, procesos de licenciamiento sin resolver o trámites pendientes.

Mientras los proyectos de 5G avanzan a este ritmo, la infraestructura vial sigue dependiendo principalmente de los contratos de Cuarta Generación (4G), que iniciaron 2025 con un avance cercano hoy al 90 %. De esos, 15 ya están en operación, 12 en construcción y solo 2 en preconstrucción, lo que evidencia que el modelo anterior continúa siendo hoy el motor real de las obras viales en el país.

Ese rezago tiene consecuencias concretas, pues mientras el Estado decide si reestructura o cambia el modelo, en las regiones el impacto se siente en forma de vías sin mantenimiento adecuado, demoras logísticas y aumento de los costos de transporte. Según cifras del DANE, el costo del transporte de carga por carretera en Colombia aumentó un 9,10 % interanual a enero de 2025, impulsado principalmente por el alza de combustibles, peajes y costos laborales. Esta presión se traslada a los precios finales para el consumidor y limita la competitividad de las empresas.

A esto se suma un aspecto clave y es el debilitamiento de la confianza inversionista nacional e internacional. Desde hace una década Colombia ha logrado posicionarse como receptor de inversión internacional en infraestructura, gracias a esquemas como por ejemplo las concesiones viales. Por eso, si ahora la señal que se envía es de revisión constante, incertidumbre jurídica y modelos en permanente cambio, el país se expone a perder esa ventaja competitiva que fue tan retadora de iniciar.  Los inversionistas tanto nacionales como internacionales, buscan entornos con reglas claras y estables, donde los acuerdos se respeten más allá de los ciclos políticos.

El problema hoy no es menor, privilegiar la obra pública por encima de la participación privada es una apuesta arriesgada para un país que no cuenta con los recursos suficientes para financiar por sí solo todas las obras que necesita. Más que discutir si concesión o no, lo urgente es definir un marco de continuidad que garantice la ejecución de las obras ya contratadas y adjudicadas, blindando los proyectos de vaivenes políticos y asegurando que lo construido se mantenga y se termine.

No se trata de defender intereses privados de manera aislada, sino de proteger el interés público, de asegurar que las vías, los puertos, los aeropuertos y los proyectos de energía no se queden en el papel y que Colombia avance en conectividad, competitividad y desarrollo social.

 Y aquí el llamado es también para las comunidades a quitarse las vendas, frenar los proyectos, muchas veces liderados por intereses políticos locales que no siempre representan el bienestar colectivo, termina afectando a quienes más necesitan esas obras. Las demoras, los bloqueos y las presiones indebidas pueden sonar a defensa de derechos, pero en el fondo perpetúan el atraso.

Construir sobre lo construido no puede seguir siendo solo un discurso, tiene que convertirse en un compromiso real, donde empresas, Estado y comunidades trabajen con reglas claras, visión de largo plazo y el interés del país por delante.