Otro testigo del horror

Cristian Camilo González Ardila, el sexto implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, no compareció ante la Fiscalía para negar los hechos. Lo hizo para narrar, con detalles escalofriantes, cómo se gesta un asesinato político en Colombia. Su declaración, rendida bajo juramento, no solo expone el funcionamiento interno de una organización criminal, sino que revela con crudeza los métodos con los que hoy se intenta silenciar voces incómodas a través de sicariato, menores reclutados y terrorismo.

Su historia comienza el 2 de junio de 2025. Estaba en el parque La Alameda, en el barrio El Muelle de Bogotá, cuando recibió una videollamada de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, jefe de la estructura criminal señalada del atentado. “Necesito un man para que me haga un homicidio”, fue la oferta inicial. Luego, en la misma llamada, fue presentado a alias Junior, supuesto ejecutor de varios crímenes. Según González, el objetivo era claro: asesinar a una figura pública. Pero con una condición: el crimen debía ejecutarlo un menor de edad.

Ese no fue un detalle marginal. Fue una orden deliberada de alias costeño, quien exigió que la “vuelta” la hiciera un menor para evadir penas graves. “Como sea tiene que ser un menor de edad”, repitió. Y aunque alias Junior advirtió que ese plan saldría mal, el operativo se activó. El 6 de junio, un día antes del ataque, en otra videollamada, González vio en la pantalla al menor que sería el sicario. “A él es al que usted va a sacar mañana”, le ordenó El Costeño.

El día del atentado, González recibió un código Nequi por 20 mil pesos para tanquear la moto y presentarse en el parque El Golfito, lugar donde fue el atentado. No llegó a tiempo. Ya se escuchaban disparos cuando alcanzó la escena. Intentó comunicarse con El Costeño sin éxito y se retiró. Horas después, fue citado en un burdel en Bogotá. Allí estaban Chipi, otros miembros de la banda y una mujer identificada como Gabriela. Lo que ocurrió a continuación resume la lógica del miedo con que operan estas redes criminales: “Cabrón, usted no sabe nada. Si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa”. Esa fue la advertencia. Luego, le dieron 10 mil pesos y una cerveza. Así se paga el silencio en el submundo criminal.

González también confesó que le ofrecieron 10 millones de pesos por sacar de la escena al sicario menor de edad. Dijo que solo supo que la víctima era el senador Miguel Uribe cuando oyó gritos en el parque: “Malparidos izquierdistas mataron a Uribe”. Incluso reconoció, con cinismo, que si hubiera sabido de quién se trataba, “hubiera cobrado hasta 20”. Pero lo más alarmante fue lo que vino después: la revelación de un nuevo plan. Según su testimonio, la misma organización criminal planeaba otro atentado, pero con explosivos contra una personalidad nacional con esquema de seguridad de seis camionetas blindadas. Su rol era el de conductor de la moto que debía acercarse a la caravana, mientras un ciudadano extranjero fijaba el explosivo y Chipi lo detonaba a distancia.

A pesar de su colaboración, González no aceptó cargos. La Fiscalía lo imputó por homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y mientras las audiencias continúan, el CTI de Bogotá emitió una alerta: hay riesgo real de que se busque silenciar o manipular a testigos y coimputados. Hay elementos que permiten inferir que se intenta inducir a falsos testimonios o, directamente, impedir que declaren.

La pregunta es si el país va a dimensionar lo que este caso implica. No es solo el intento de asesinato de un senador. Es la normalización de las mafias que compran adolescentes para matar, que convierten las plataformas digitales en canales de coordinación sicarial y que amenazan con exterminar a quien se atreva a hablar.