Nueva Reforma Laboral aprieta y también ahorca a las Mipymes

La reforma laboral aprobada por el Congreso de Colombia deja al descubierto un dilema mayor, sólo atiende a la formalidad mientras más de la mitad de los trabajadores permanece en la informalidad.

Según el DANE, el 55,4 % de la fuerza laboral del país carece de contratos estables y de acceso a prestaciones básicas. Esa realidad convierte cualquier avance en un mero gesto simbólico para millones de colombianos que subsisten sin garantías mínimas.

Sin una estrategia integral de inclusión formal, la promesa de dignificar el trabajo continuará comportándose como un enunciado vacío. Tiene algunos aspectos interesantes como que el contrato a término indefinido recupera estatus predominante.

El recargo dominical ascenderá de forma progresiva al 100 % y el reconocimiento de derechos para quienes laboran en plataformas digitales y el ajuste de la jornada nocturna revierten decisiones técnicas tomadas sin debate político.

La regulación del teletrabajo clarifica responsabilidades y fortalece obligaciones de empleadores. Estas medidas muestran que la política puede actuar en favor de la clase trabajadora cuando existe voluntad real.

El Legislativo refrendó, en un sólo periodo, la reforma laboral junto a dos iniciativas tributarias y una pensional. Der allí se desprende que el rol de la oposición no representa conspiración, sino contrapeso.

No obstante, merece reproche por intentar sepultar el proyecto en la Comisión Séptima sin abrir espacio para discusiones sustantivas. El Congreso funcionó bajo reglas democráticas y demostró que las vías institucionales siguen operativas.

El incremento en costos laborales despierta inquietudes en medianas y pequeñas empresas, porque elevar prestaciones provoca que ciertos empleadores limiten la contratación formal o busquen figuras menos protegidas y es a ellos a quienes la Nueva Reforma Laboral los aprieta y también los ahorca, de forma drástica.

Una reglamentación diferenciada según el tamaño de la compañía resulta esencial para evitar que la reforma se vuelva disuasoria. Se deben diseñar incentivos que compensen la inversión en seguridad social, los cuales favorecerá tanto al empresario como al trabajador.

El tratamiento de los aprendices del Sena constituye otro foco crítico. Reconocer salario completo, prestaciones y contrato especial constituye un avance notable. Sin embargo, la posibilidad de pagar la cuota de aprendizaje al Sena sin contratar al aprendiz puede resultar más económico que asumir el contrato.

El aumento de la multa de un a 1,5 salarios mínimos no garantiza la vinculación real de los aprendices. Ahora le corresponde al Gobierno ajustar esa disposición antes de que el corazón de la reforma perjudique al segmento que pretende proteger.

Por último, urge redefinir el lugar de las empresas en la sociedad. No se trata de demonizarlas, sino de subrayar su responsabilidad ética y legal. El emprendimiento no debe servir de pretexto para justificar precariedad.

El país necesita compañías sólidas, innovadoras, con compromiso y responsabilidad social, porque generar empleo digno no equivale a un favor, constituye unja obligación ineludible para vigorizar la sociedad.